Para el concejal suplente y dirigente de Voluntad Popular, José Gregorio Zaa, ante la orden del presidente Nicolás Maduro de realizar “allanamientos colectivos” en determinadas zonas residenciales, cobra “prestancia y vigor la legítima defensa de los ciudadanos, en procura de proteger sus vidas y sus bienes”.
En tal sentido, destacó que “la acción abusiva de los cuerpos represivos del estado en las urbanizaciones justifica, reivindica y hace prácticamente necesario que los vecinos establezcan mecanismos de resguardo, como las barricadas y las guarimbas. Desde el punto de vista jurídico, representan legítima defensa contra una agresión desmedida”.
“Las guarimbas, que altos voceros del Gobierno han tratado de criminalizar, son en la mayoría de los casos los únicos instrumentos que encuentran los habitantes de zonas residenciales para protegerse de las incursiones de la fuerza pública, que en reiteradas ocasiones ha ingresado a los urbanismos para reprimir con brutalidad a los ciudadanos, por la sencilla razón de ejercer su legítimo derecho a la protesta”, añadió.
El abogado señaló además que “la intervención de colectivos al margen de la Ley, con la anuencia y en ocasiones con la cooperación de la Guardia Nacional Bolivariana, agudiza el estado de indefensión que padecen los ciudadanos”.
Zaa destacó que el exhorto del mandatario nacional a los cuerpos de seguridad del Estado, a objeto de que procedan contra urbanismos enteros que promuevan protestas representa “una trastada al orden Estado de Derecho, por cuanto vulnera el principio de la inviolabilidad del domicilio, consagrado en la Constitución Nacional”.
“Además, la arremetida de la Guardia Nacional, la Policía Nacional y el Sebín contra ciudadanos indefensos, es una demostración de desesperación por parte del Ejecutivo nacional, ante la masificación de la protestas en todo el país. Ya no son solo los estudiantes quienes se manifiestan, sino que también se suman al clamor los gremios, los sindicatos, las asociaciones civiles de toda índole y la sociedad en general. El ciudadano común dejó de preocuparse por la situación crítica que atraviesa el país, y ha comenzado a ocuparse”.
Se refirió a las recientes declaraciones del ministro de Educación, Héctor Rodríguez, indicando que representan un elemento adicional para la protesta ciudadana. “Este funcionario sostiene que si un venezolano de condición humilde progresa y entra a la clase media, se volverá escuálido. Allí se resume la filosofía del modelo socialista que defiende este Gobierno, donde lo que se busca es igualarnos a todos hacia abajo, con el propósito de hacernos cada vez más dependientes y vulnerables”.
Recordó que las múltiples violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por los cuerpos de seguridad del Estado, en presunta coordinación con colectivos oficialistas, constituyen según el Estatuto de Roma “crímenes de lesa humanidad, por lo tanto, no prescriben y en cualquier momento sus autores materiales o intelectuales pueden ser juzgados individualmente”.
