Mediante la Resolución N° 2014-0001, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, estableció el carácter «fronterizo» de tribunales penales de los 18 estados del país donde actualmente se desarrollan protestas ciudadanas contra el gobierno de Nicolás Maduro, con el fin de combatir “acciones criminales”.
En este sentido, los circuitos judiciales penales ubicados en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, Falcón, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Vargas y Zulia, se constituirán como Circuitos Judiciales Penales Fronterizos, «por su inherencia en espacios geográficos de relevancia judicial fronteriza y por la necesidad de especializar, concientizar y reforzar estratégicamente la actuación de la jurisdicción penal en esas zonas, así como de optimizar el control punitivo en las mismas».
En el comunicado de prensa emitido por el TSJ, se explica el contexto que determina la medida: “En la actualidad se presentan en diversos espacios acciones criminales de especial repercusión nacional”, lo cual obligaría a la actuación integral “para proteger el sistema”.
