Según Luis Roberto Suárez, gerente general de Sambil Barquisimeto, la situación que atraviesan los centros comerciales “es insostenible en operatividad”, después de las disposiciones impuestas en el decreto 602, promulgado desde la presidencia de la República.
En este sentido, explicó que la intención de esta medida impulsada por el Presidente Nicolás Maduro fue regular el “canon de alquiler fijo”, en 250 bolívares por metros cuadrados, eliminó el canon variable (un porcentaje sobre las ventas en locales), estableció el 25% sobre el canon de alquiler fijo como concepto de condominio, y eliminó la aplicación de una normativa interna en los centros comerciales, “con la finalidad de bajar los costos de la estructura pensando que bajaría el precio de los productos”.
Estas reglamentaciones supusieron la reducción del 48% sobre los ingresos por concepto de alquiler a establecimientos, además de una reducción del 60% en la recaudación de los ingresos por condominio. “No tenemos el retorno de la inversión que se hizo y esto paraliza cualquier inversión por parte del grupo Sambil. Además, con la eliminación del canon variable, se pierde la inversión para mantener una estructura bonita y confortable, para que las personas permanezcan en las instalaciones y estimular el consumo”, explicó el gerente.
Sin embargo, lo que más preocupa es la reducción en los puestos de trabajo, toda vez que las contratistas tendrán que reducir personal por los costos de inversión.
“Generamos más de 10.000 puestos de trabajos, entre directos e indirectos. A razón de 8 puestos de trabajos directos por cada cien metros cuadrados, y 100 indirectos”, indicó. Entretanto, de las 320 personas que había en el centro comercial trabajando para las contratistas, ahora quedan 170. Situación que se agudiza cuando se trata de los 165 afiliados en la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo), donde se generan hasta 600 mil puestos de trabajos “que están en riesgo si no hay respuesta” de los organismos responsables.
En este sentido, Suárez indicó que desde la presidencia de Cavececo se han hecho diversos llamados a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Económicos, sin obtener una respuesta de dicho organismo. “Queremos conformar las mesas en la intendencia que se encarga de la formulación de la ley”.
