Las órdenes de detención contra opositores como Fernando Gerbasi, exembajador de Venezuela en Colombia, e Iván Carratú Molina, exjefe de la Casa Militar, producto del audio de una conversación que ambos mantendrían sobre el objetivo de las marchas estudiantiles en el país, y que ambos han negado haya sucedido, es reconocida como la búsqueda de un ejemplo para mostrar el destino de la disidencia en Venezuela.
Para Edgar Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional y principal activista por la liberación de los presos políticos en el país, las medidas tomadas luego de las marchas estudiantiles del miércoles incrementarán el número de ciudadanos procesados judicialmente, sin ningún señalamiento válido e inculpados de hechos ajenos a su conducta.
Indicó que los procedimientos formarán parte de una estrategia para señalar a los políticos opositores como creadores de la violencia e incitadores al desorden público, cuando en realidad los señalamientos y acusaciones hechos por representantes del Estado provocan y motivan el caos.
“Ahora, el gobierno no puede pretender que con la represión a los estudiantes y a los actores políticos va a resolver el problema de la economía venezolana, hará aparecer los alimentos y devolverá el valor al bolívar”, dijo.
Aseguró de insistir el Gobierno en no entender la necesidad de activar mecanismos de resolución de conflictos de manera inmediata, será una administración condenada al fracaso. Argumentó que la protesta es un derecho establecido en la Constitución nacional, por lo cual resulta ilógico denunciar que una movilización se trate de un intento de golpe de Estado.
“Se deben revisar a fondo los orígenes de la protesta nacional, la causa que motiva a los estudiantes y a todos los sectores de la población venezolana a acompañar la protesta que desde hace varios días se desarrolla en varios sectores del país. Si el Gobierno no actúa, el pueblo tiene que hacer un llamado de atención”.
Resaltó que los factores opositores han activado mecanismos pacíficos para manifestarse en rechazo a la política gubernamental y llamar la atención para corregir los errores.
Tras los momentos de tensión, Zambrano considera que el Gobierno nacional deberá asumir el costo de las decisiones que toma, que han sido hasta ahora negativas para la administración pública, mientras que la oposición debe asumir la estrategia para activar mecanismos constitucionales como la protesta.
Muestra de debilidad
Por su parte, el dirigente político Pablo Medina estima que medidas como la suspensión de garantías (a través de la no autorización de movilizaciones populares) puede traducirse en una muestra de debilidad por parte del Ejecutivo, ante el manejo de la crisis social que afecta a los venezolanos.
“La represión es producto de su debilidad, porque (Maduro) tiene pies de barro, y esa represión lo está llevando a suspender las garantías constitucionales. Ya comenzó a prohibir la protesta, la manifestación, la represión, la detención de dirigentes”, expuso.
Sobre los objetivos de las órdenes de captura emitidas, el dirigente expresó que esta medida más bien debería ser tomada contra varios ministros y funcionarios del alto gobierno que estarían involucrados en escandalosos casos de corrupción. Entre estos Rafael Ramírez, por ejemplo, a quien acusa de haber desviado más de cuarenta mil millones de bolívares del Fonden.
