Durante reunión de urgencia, el directorio nacional de Fedecáma-ras, en Caracas, analizó la Ley Orgánica de Precios Justos, aprobada en el marco de la Ley Habilitante otorgada por la Asamblea Nacional al presidente de la República, Nicolás Maduro.
Al informar al respecto Alberto Gámez, presidente de esa institución en el estado Lara y director nacional de la misma, dijo que también se trató el problema del desabastecimiento.
Nos declaramos en sesión permanente, explicó. Vamos a estar todas las cámaras nacionales que están afiliadas a la Federación y vamos a hablar con nuestras cámaras regionales.
Con la Ley de Precios Justos definitivamente el gobierno no cree en la empresa privada, afirmó. Ese instrumento que se acaba de producir nos va a asfixiar, por cuanto no podemos trabajar con el porcentaje establecido para operar, ya que se ha establecido en el 30 por ciento.
Nuestros gastos operativos rondan el 55 por ciento, porcentaje que ha sido analizado por los expertos en la materia, expuso. Cuando el Gobierno quiera sentarse con nosotros, con mucho gusto lo aceptaremos.
Para entenderlo muy claramente: si un producto elaborado en cien bolívares, sólo se podrá vender en 130; pero, en ese incremento del 30 por ciento tienen que entrar los salarios, electricidad, desgaste de máquina, impuestos y otros gastos.
Además, para poder obtener las divisas o hacer cualquier transición nos van a pedir la solvencia de precios justos. Esto es increíble.
Por ejemplo, los sueldos de los socios de las empresas no pueden ser incluidos en los gastos operativos. Tampoco son aceptados los costos de publicidad. Y, en ese mismo orden de ideas, todos los gastos que es necesario hacer.
En los quince años que tiene este Gobierno, nunca se había dictado una ley tan fuerte como ésta, aseguró. Esta ley arropa a toda la empresa privada y, de hecho, la asfixia totalmente.
Aún más: vamos a ir presos todos los empresarios, porque nadie va a poder trabajar con los precios que han sido establecidos.
Por unanimidad aprobamos que impugnaremos, la próxima semana, ante el Tribunal Supremo de Justicia esa ley por considerarla inconstitucional y por cuanto con la aplicación de su articulado, estamos condenados a desaparecer.
Por otra parte, el Gobierno está diciendo que hay 1.400 contenedores en los puertos pero, no especifica qué tienen. Le pedimos que informen con detalle sobre ese asunto.
