Representantes del Ejecutivo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Asamblea Nacional (AN), Petróleos de Venezuela (PDVSA), la Gobernación del Zulia y las 21 alcaldías convergieron ayer en el marco de la primera reunión de instituciones públicas por la lucha con el contrabando en la entidad, en la que se tomaron decisiones para combatir la extracción ilegal de productos hacia Colombia.
«Vamos a atacar ese delito estructuralmente, radicalmente, con mano dura, con mano de hierro, sin violentar los derechos humanos de nadie», aseguró Jorge Arreaza, vicepresidente de la República.
Informó que se tomaron medidas para frenar la fuga de rubros, entre ellas la prohibición del paso de camiones cargados hacia la frontera.
Anunció la instalación de una sala situacional en la entidad, que estará conformada por el Alto Mando Militar, el Gobierno, el Ejecutivo regional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y las comunidades para hacerle frente al flagelo.
Aseguró que «mafias organizadas» están detrás del negocio del contrabando. Indicó que los wayuu y los militares son «los eslabones más débiles de la cadena». Aseguró que solo tres por ciento de los indígenas se dedica a la actividad ilegal.
Las medidas
Diosdado Cabello, presidente de la AN, indicó que entre las medidas adoptadas para evitar el flagelo está la sustitución de los altos militares que operan en la zona fronteriza. «Unos 43 oficiales han sido cambiados del cargo, a niveles de comandante, tenientes hacia arriba, quienes van a otros destinos. Ellos cumplieron su rol y viene sangre fresca a agarrar el relevo».
El parlamentario agregó que los uniformados asignados para los puntos de control en la vía hacia Colombia no podrán prestar funciones en la zona por más de un año. «Esa es una forma de proteger al funcionario».
Ratificó que queda prohibido el tránsito de camiones cargados de productos por el paso fronterizo, con lo que se eliminan los permisos que tienen cooperativas indígenas para transportar rubros hacia La Guajira.
«Esta gente se va para la frontera con la excusa de que va a llevar alimentos a sus hermanos wayuu, pero todo lo sacan para territorio colombiano. El 50 por ciento de los alimentos que se envían para el estado Zulia sale para Colombia de contrabando. Pero podemos hablar de cualquier tipo de producto, porque hasta la chatarra ferrosa se la están llevando para allá».
Aclaró que la alimentación de las comunidades wayuu a partir de ahora queda a cargo de la FANB. «Tenemos ya 11 mil familias en La Guajira, que van a ser atendidas a través del programa Mercal Casa por Casa».
Indicó que en Maracaibo las casas se utilizan como galpones para el acopio de productos destinados al contrabando, ante la dificultad de las autoridades de hacer allanamientos de residencias.
Agregó que la participación de las comunidades es importante para combatir la extracción de alimentos, por lo que anunció que en los próximos días se dispondrá una línea telefónica para que los ciudadanos hagan llegar sus denuncias.
¿Regresará el chip?
Sin aportar mayores detalles, Cabello y Arreaza aseguraron que la implementación del sistema de chip para la venta de gasolina «se está analizando» como una de las medidas para reducir la extracción ilegal de combustibles hacia Colombia.
«Eso -el dispositivo- estuvo activo un tiempo, pero luego se desactivó porque hubo mucha gente a la que no le importó que eso era para el bienestar de los zulianos e hizo una campaña -en contra-, por lo que se tomó la decisión de suspenderlo. No sabemos aún si se retomará, es una de las medidas que pueden surgir, pero en Táchira está funcionando», precisó Cabello a La Verdad.
Con relación a la fuga de carburantes, el diputado manifestó: “Hay dos mil camiones tipo 350 que circulan por la frontera, que tienen dos tanques, cada uno mete 250 litros; en una cargada se llevan 500 litros para el otro país. Ellos hacen hasta cinco viajes al día. A ellos también les va a tocar el por ahora”.
En la reunión que se desarrolló todo el día de ayer estuvieron presentes Carmen Meléndez, ministra para la Defensa; Aloha Núñez, ministra de Asuntos Indígenas; Carlos Osorio, ministro de Alimentación; Vladimir Padrino López, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional y Francisco Arias Cárdenas, gobernador del Zulia.
