Miembros del Comité Somos EL IMPULSO, creado recientemente en apoyo a esta casa centenaria, rechazan y denuncian a través de un documento entregado a empresas editoriales en la región “el trato discriminatorio del cual ha sido víctima el diario y otros medios de comunicación en Venezuela, violentando derechos constitucionales y principios universales”.
En visita institucional realizada ayer al periódico, Rafael Marcial Garmendia, ex presidente de Fedecámaras; Jorge Rosell, ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y ex presidente del Colegio de Abogados; Marco Tulio Mendoza, presidente de la Fundación Amigos de Barquisimeto, y Rubén Hurtado, ex presidente del Colegio de Ingenieros, entregaron el comunicado al arquitecto Juan Manuel Carmona, director de EL IMPULSO, en el cual reflexionan sobre la tradición periodística de esta institución fundada en 1904 en la ciudad de Carora.
“A pesar de ser patrimonio de la región, en cuyas páginas se encuentra escrita la historia social, política y cultural del pueblo larense, es uno de los ejemplos representativos del ejercicio antidemocrático que se evidencia en la negativa del otorgamiento de las divisas necesarias para la adquisición del papel e instrumentos imprescindibles para su funcionamiento, aun cuando realizaron oportunamente todos los trámites necesarios exigidos por el Ejecutivo nacional”, refirieron.
Si bien hoy se solidarizan con EL IMPULSO, mañana lo harán con aquellos medios que también presenten trabas para obtener materia prima, pues estaría en peligro la libertad de expresión en el país.
Hacen un llamamiento a la colectividad en general a sumarse a las actividades dirigidas a apoyar a los medios de comunicación, “en su derecho de realizar su labor en pro de la libertad de expresión y específicamente manifestar el respaldo solidario que hoy necesita de manera apremiante el decano de la prensa nacional, el diario EL IMPULSO”.
Cuando no hay control suele existir arbitrariedad
A juicio de los miembros del Comité Somos EL IMPULSO, “la democracia se sustenta en la independencia y autonomía del ejercicio de las funciones de los poderes del Estado”.
Reflexionan que “esto permite su vigilancia y control recíproco, impidiendo el abuso de poder. Como lo refirió Montesquieu hace más de doscientos años: ‘El poder sin control tiende hacia la arbitrariedad’”.
La libertad de expresión constituye un derecho humano, que debe ser respetado y promovido dentro de un régimen democrático, “esto incluye satisfacer la necesidad de informar y ser informado”.
Coincidieron en que “una de las formas sociales más sólidas del ejercicio de este derecho se consolida en la diversidad de los medios de comunicación. Su rol en la búsqueda de la verdad, en la participación del disenso, en la creación de visiones alternativas, permite el ejercicio de este valor universal”.
Se deterioran las instituciones
El Comité Somos EL IMPULSO manifestó que en Venezuela se está asistiendo a “un franco y progresivo deterioro de los organismos y principios que sirven de base a la democracia, lo cual se constata cotidianamente a través de los abusos de poder de un Estado hegemónico, que violentando la autonomía de los demás poderes, deja a las personas e instituciones sin instancias a las cuales recurrir, requisito existencial de la democracia”.
Sus integrantes aseguraron que la política persecutoria del régimen actual violenta la libertad de expresión.
“La forma de ejercicio abusivo del poder, se concreta según el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) en la asfixia metódica y persistente del medio de comunicación a través de la judicialización penal del ejercicio del periodismo, la asignación discrecional de publicidad oficial y el acoso fiscal, hasta lograr comprometerlo económica y financieramente e impedir su existencia o procurar su adquisición por personas afectas al régimen”.
