Ante los recientes hechos de violencia que han enlutado a centenares de familias en todo el país, teniendo relevancia el caso de la actriz Mónica Spear, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización social de promoción y defensa de los derechos humanos con más de 29 años de trabajo comprometido con la defensa de la vida de los sectores más empobrecidos y vulnerables de Venezuela, exhortó al Gobierno Nacional, a todos los poderes públicos y a la ciudadanía en general a renovar esfuerzos en aras de construir una sociedad más justa, fraterna y segura.
A través de un comunicado de prensa esta ONG explica que la inseguridad ciudadana es unánimemente reconocida como el principal problema de la República.
«Problema que nos afecta a todas las personas pero que es mucho más grave y acuciante en los sectores populares del país. La seguridad ciudadana es un derecho humano fundamental que debe garantizar el Estado, que implica la responsabilidad de todos los poderes públicos pero que necesita también la participación activa de toda la sociedad», indican.
Precisan que el 3 de enero en el estado Zulia, fue herido por presuntos sicarios, el estudiante Silverio Romero, hijo del Cacique Sabino Romero, quien fue asesinado en el mes de marzo de 2013, acotando que el joven tiene medidas de protección por parte del Ministerio Público y las cuales no han sido efectivas.
Asimismo se refieren al asesinato de la actriz Mónica Spear, su pareja Thomas Henry Berry y la herida de su pequeña hija Maya de 5 años al quedar accidentados en la Autopista Puerto Cabello – Valencia, estado Carabobo, en horas de la noche.
«Según el Gobierno en ese sector operan ocho bandas delictivas de asaltantes, pero los organismos de seguridad responsables del patrullaje (vigilancia preventiva) nunca llegaron donde estaba el automóvil accidentado. Al lugar se presentó una grúa, cuyos ocupantes intentaron auxiliarlos, pero los mismos huyeron en búsqueda de ayuda cuando vieron a los asaltantes», detallan.
En este sentido, indican que es urgente fortalecer a las comunidades, grupos organizados y ciudadanía en general, atender a las víctimas, reducir la impunidad y los retardos procesales, mejorar el servicio de policía comunal, acercar las policías a la ciudadanía, promover la rendición de cuentas, la contraloría social de la labor policial, el servicio de atención inmediata (171), la confianza de las comunidades en el servicio de policía y la administración de justicia, la participación de todas y todos en disminuir la violencia.
