En medio de la crisis económica que enfrenta Venezuela caracterizada por una galopante inflación y severas dificultades de desabastecimiento, un nuevo problema se ha sumado: la opacidad de las cifras económicas oficiales.
El retraso de más de tres semanas del Banco Central de Venezuela en difundir los resultados de la inflación de noviembre, así como otros indicadores fundamentales como las fuentes de la base monetaria o la inversión privada, han acrecentado los cuestionamientos contra el instituto monetario que es señalado por analistas y opositores de haber perdido su autonomía y ser totalmente dependiente de las órdenes del gobierno.
El Banco hasta el momento ha guardado silencio sobre el retardo en la difusión de algunos indicadores como lo es la inflación, a pesar de que una resolución del organismo prevé que el índice de precios debe ser publicado en los diez primeros días de cada mes.
Las dudas se acrecentaron el pasado 19 de diciembre luego que el presidente del Banco Central, Eudomar Tovar, convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer los resultados de la inflación, y luego suspendió el evento alegando razones de agenda.
La AP solicitó a la oficina de prensa del Banco una reacción oficial sobre el retraso en la publicación de la inflación y otros indicadores, pero no hubo comentarios de momento.
En defensa del instituto financiero solo ha salido el presidente del estatal Instituto Nacional Estadística, Elías Eljuri, quien recientemente dijo a la prensa que la demora en la publicación del índice nacional de precios al consumidor tiene que ver con «elementos atípicos» relacionados con las acciones que tomó en noviembre pasado el presidente Nicolás Maduro de expropiaciones de unos comercios de electrodomésticos señalados de especular, y las rebajas de precios que se impusieron a algunos bienes para combatir la inflación.
Eljuri descartó que el instituto de estadísticas o el Banco Central vayan hacer alguna modificación en el cálculo de inflación tras los comentarios que realizó Maduro que expresó el mes pasado que según «los estudios que estamos haciendo, la inflación debería ser -5%, como mínimo» luego de las medidas que tomó.
«¿Se darán cuenta los técnicos del BCV y del INE más allá de la tecnocracia?», inquirió el gobernante. Las afirmaciones del mandatario fueron asumidas por algunos analistas como una manera de presionar a las autoridades financieras.
Desde hace siete meses la inflación viene reportando alarmantes indicadores que llevaron la tasa anualizada en octubre a 54,3%. Al problema de la galopante inflación se han sumado el severo desabastecimiento de algunos alimentos y bienes básicos como el papel higiénico que han encendido las alarmas del gobierno.
Los analistas asocian los problemas de la inflación y el desabastecimiento al agotamiento del modelo de controles de precio y de cambio, que están vigentes desde hace una década, y a un crecimiento del gasto público que ha llevado el dinero circulante en la economía a niveles nunca vistos.
El ex gerente de programación y análisis macroeconómico del Banco Central, Víctor Olivo, afirmó que el retraso del instituto monetario en la difusión de algunos indicadores tiene que ver con un «proceso de franco deterioro institucional» que viene enfrentando el organismo en la última década debido a fuerte dependencia que mantiene de las decisiones del gobierno central.
«Eso es parte cuando una institución se politiza y pierde además su objetivo central porque ya no funciona verdaderamente como un banco central tampoco. Ese es el resultado. Cada vez menos calidad de lo que se produce, y cada vez menos cosas que se van produciendo», dijo Olivo a la AP en entrevista telefónica.
«Ya el Banco ha perdido mucha credibilidad, ya no solamente por el tema de la información….Otros factores que han debilitado mucho al Banco es la transferencia de las reservas internacionales», indicó el ex funcionario al referirse a las reformas legales que impulsó el fallecido presidente Hugo Chávez que le permitieron al gobierno a partir de 2005 disponer de parte de las posiciones en divisas del país alegando que eran «excedentarias».
Sobre las consecuencias que genera la opacidad y el retraso en la difusión de las cifras económicas oficiales, los analistas estiman que el mayor impacto recae sobre los organismos monetarios o las instituciones encargadas de las estadísticas debido a que su credibilidad resulta muy golpeada y difícil de recuperar en el tiempo.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina ha enfrentado algo parecido desde el 2007 luego que el entonces presidente Néstor Kirchner intervino el organismo y modificó la metodología de trabajo poco antes de las elecciones generales que ganó su esposa, Cristina Fernández.
El Fondo Monetario Internacional ha cuestionado las cifras de inflación del Indec alegando que los cálculos están subestimados.
Ante la poca confiabilidad de las cifras oficiales algunas empresas consultoras en Argentina comenzaron a dar sus cálculos de inflación, lo que llevó a las autoridades a imponer multas para tratar de contener la difusión de esas estimaciones privadas.
El economista Fausto Spotorno, de la consultora argentina Orlando Ferreres & Asociados, dijo a la AP que en el caso de Argentina ante la poca credibilidad sobre el cálculo de la inflación en ese país comenzó a darse el fenómeno de que las personas empezaron a hacer sus propias mediciones de acuerdo a la inflación de alimentos y bebidas, lo que activó las expectativas inflacionarias.
Spotorno afirmó que esa reacción de la población «empeora la situación económica», puesto que las expectativas siempre son más altas, generando presiones adicionales sobre todos los precios.
