El año 2013, tal como lo sostuvimos en un texto publicado en este mismo espacio hace algunos días, fue un período duro para la libertad de expresión y el derecho a la información en Venezuela. Nos gustaría tener una visión optimista del año que está por comenzar, sin embargo partiendo de lo sucedido en estos meses difícilmente puede pensarse en un cambio drástico de las condiciones político-comunicacionales de la Venezuela gobernada por Nicolás Maduro. Este tiempo navideño, propicio para los buenos deseos, puede ser aprovechado para desearle a la sociedad venezolana –y a cada uno de nosotros, como ciudadanos de este país- un clima político favorable a la tolerancia, al respeto de las diversas opiniones y a favor del trabajo en libertad de una prensa crítica. Básicamente se trata de desearle a Venezuela un ejercicio democrático pleno, en el cual el derecho a expresarse e informarse resulta crucial.
Sin embargo, al poner los pies sobre la tierra todo parece apuntar a un período de tensiones, dificultades y restricciones para 2014. No hay señales de que las cosas vayan a cambiar de forma radical en relación al cómo se dieron en 2013. Desde mi punto de vista continuará un control político, ejercido desde la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), sobre el sistema radioeléctrico, eso implicará no sólo sanciones directas contras las emisoras de radio y televisión sino la muy perniciosa práctica de las llamadas telefónicas, una suerte de censura sutil, que comenzó a ejercerse de forma rutinaria en el año que está concluyendo. Los canales nacionales de televisión fueron doblegados para que modificaran su línea editorial, en un proceso que venía en práctica desde tiempo atrás, pero que bajo el gobierno de Maduro alcanzó una clara expresión con el blackout que sufren hoy los líderes de la alternativa democrática. La invisibilización de las voces opositoras en los medios radioeléctricos de alcance nacional seguirá en 2014 y posiblemente se agudizará, especialmente en momentos delicados como aquellos que vamos a vivir en materia económica.
En los meses finales de 2013 quedó en evidencia la intención oficial de controlar la prensa escrita, que ha sido una suerte de última frontera en la cual aún se ejerce, mayoritariamente, un periodismo crítico en Venezuela. El chantaje con la asignación de divisas para las importaciones de papel periódico, junto al uso recurrente de juicios –que en su mayoría quedan estancados, pero aún así son una amenaza- y procedimientos administrativos de diversa índole para castigar o sencillamente hacerle la vida más complicada a los medios impresos, serán un asunto cotidiano en 2014. No puede obviarse que el discurso público desde el poder ha convertido a los medios impresos en “enemigos” del gobierno, con llamados directos del presidente Maduro para que se le haga un boicot, por ejemplo a El Nacional. Una línea de acción futura contra la prensa escrita podría incluir en 2014 una ley de prensa, que en diversas ocasiones voceros oficiales han destacado como necesaria.
Avizoro para este 2014 una acción gubernamental para controlar la información económica, incluso desde sus propias entidades tales como el Banco Central de Venezuela (BCV) o el Instituto Nacional de Estadística (INE). El manejo que se presentó en relación con la difusión del índice inflacionario del pasado mes de noviembre, constituye desde mi punto de vista una señal de algo que puede convertirse en rutina. Es de esperar un “maquillaje” gubernamental de las cifras oficiales junto a una dinámica de generar “seudo-eventos”, con una eficacia política como lo demostró con la “guerra” al comercio iniciada en las semanas finales de noviembre.
El presidente Maduro seguirá con su política de apropiarse del espacio público de forma recurrente con el uso abusivo de las cadenas de radio y televisión. Sobre esto ya habíamos alertado que cualquier jefe de Estado posterior a Chávez difícilmente limitaría este mecanismo que le permite proyectar una voz única sobre toda la nación, se trata de un poder comunicacional sin par.
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