Entre los efectos de la nueva calificación de riesgo que la firma Standard & Poor´s (S&P) ha dado a Venezuela (B-), se encuentra la dificultad que se impone para una nueva emisión de bonos de la deuda pública, la cual se contaría entre las estrategias que diversos analistas consideran el gobierno nacional podría aplicar para el primer trimestre del próximo año, como paliativo a la falta de liquidez monetaria.
El economista Salomón Centeno expone que la nueva valoración, relacionada en gran medida con la determinación del riesgo país, haría que la decisión de sacar a la venta bonos de la deuda sea una de las medida más cara para la nación de lo que fueron las emisiones realizadas en 2011 y 2012, cuando la tasa de esta negociación se convirtió en una de las más altas del mundo, y supone un gran impacto para el país cuando esos bonos se cobren en el año 2022, a 12,75 bolívares por dólar.
Esta situación también influye en el interés de los inversionistas en arriesgarse en Venezuela, ya que la posibilidad de hacer un negocio puede afectar su patrimonio dos y hasta tres veces más de lo que pudo haberlo hecho antes de la nueva calificación.
Entre los sectores que más se pueden ver afectados por el efecto, tanto directo como indirecto, de las políticas gubernamentales en materia económica son la industria manufacturera, así como la de producción primaria. De la aplicación de una “política de garrote y persecución contra los comerciantes”, en el marco de las elecciones municipales, se desprendería esta primera medida negativa para los intereses nacionales.
Para Centeno, las medidas aplicadas en la regulación del mercado de varios rubros son acciones exclusivas del Gobierno venezolano, por cuanto se salen de todo lo que pudiera relacionarse con la lógica económica. A su juicio, el combate a indicadores como la inflación no se da con el arrebato, la violencia o el ataque, porque estos dan resultados de bonanza pasajeros y que no resuelven el problema.
El objetivo de ciertas determinaciones del Ejecutivo nacional, asegura, sería dar la ilusión de que se combate efectivamente un factor crítico, cuando en realidad se profundiza la situación. “La inflación no puede resolverse con medidas esporádicas ni espasmódicas sino con políticas económicas que definitivamente apunten al fortalecimiento de la producción nacional, para que la aplicación de la ley natural de la economía (que de ninguna manera depende de una Asamblea Nacional), a través de la regulación de la oferta y la demanda, definan los niveles de precio para vender un producto”.
La confianza que el gobierno parece haber puesto en las alianzas con grandes empresas del continente asiático, como el caso de la alianza con Samsung para la producción de estos equipos en el país, es considerada por el economista como una acción que no pasa de un simple anuncio, debido al marcado basamento capitalista de la economía china en la actualidad. “Son anuncios que no se cristalizarán y probablemente sirvan para enviar mensajes que nadie escuchará ante la imagen que el gobierno transmite al mundo. Las empresas no expondrán sus inversiones en un país que no ofrece garantías”.
