La justicia francesa condenó el martes a Jean-Claude Mas, fundador de la empresa PIP, a cuatro años de cárcel por haber vendido durante años prótesis mamarias fraudulentas, en el primer juicio por este escándalo cuyas víctimas, muchas de ellas latinoamericanas, se cuentan por miles en todo el mundo.
El tribunal correccional de Marsella (sur de Francia) condenó a los otros cuatro acusados en este juicio por engaño agravado y estafa, todos ellos exdirectivos de la empresa, a penas de prisión de entre 18 meses y tres años, en parte condicionales.
Mas, de 74 años de edad, permaneció imperturbable al anunciarse el veredicto. También fue condenado a 75.000 euros de multa y a una prohibición definitiva de ejercer en el sector médico y de dirigir empresas.
Su abogado, Yves Haddad, anunció inmediatamente que apelará la sentencia. “Estoy decepcionado pero no sorprendido”, dijo, estimando que “desde el principio el caso PIP ha sido el ‘caso Mas’”. “No fuimos escuchados, la presión era demasiado fuerte”, añadió.
El veredicto llega siete meses después de este juicio multitudinario que reunió en el tribunal 300 abogados y a otras tantas víctimas.
El martes medio centenar de víctimas estaban presentes en el juzgado. 7.113 de ellas se habían declarado demandantes, una cifra menor que las 7.445 anunciadas cuando tuvo lugar el juicio, en mayo pasado, ya que algunas de las demandas fueron desestimadas.
Una de las víctimas presentes, Nathalie, declaró que esta sentencia “le saca un peso de encima”. Pero “para las víctimas, esto no ha terminado”, añade.
Se trata de una “respuesta rápida y coherente de la justicia”, dijo el abogado Philippe Courtois, señalando que “es un alivio para las víctimas ser reconocidas como tales”. Más de 7.500 rupturas de prótesis.
Los otros acusados fueron condenados a penas menos graves. Claude Couty, que fue sucesivamente director general y presidente del directorio de PIP, cumplirá una pena de tres años de prisión, dos de ellos condicionales. Hannelore Font, directora de calidad, y Loic Gossart, director de producción, cumplirán dos años, uno de ellos condicional. Y Thierry Brinon, director de Investigación y desarrollo, 18 meses condicionales.
Font, Brinon y Gossart estaban acusados de complicidad.
Durante el juicio, todos reconocieron el fraude, aunque Mas, que pidió disculpas a las víctimas, persistió en negar la nocividad de las prótesis. Los otros acusados, con una sola excepción, dijeron que ignoraban los riesgos.
El juicio no permitió zanjar la cuestión de la peligrosidad del producto, dado que los estudios son más bien tranquilizantes al respecto, pese a la tasa de rupturas y de filtración de las prótesis, superior a la normal.
El escándalo de las prótesis mamarias PIP fue descubierto en marzo de 2010. La firma utilizaba un gel de silicona no homologado para uso médico en vez del gel Nusil autorizado y que la firma declaraba utilizar.
El último balance de la Agencia francesa de Productos Médicos (ANSM) da cuenta de más de 7.500 rupturas de prótesis y 3.000 efectos indeseables, principalmente “reacciones inflamatorias”.
Se calcula que 30.000 mujeres en Francia llevan prótesis PIP y otras cientos de miles en el mundo, muchas de ellas latinoamericanas.
Al fraude de PIP, se añade la ineficacia de las inspecciones de la firma alemana de control TÜV y la alerta tardía de la ANSM. Ambas se declararon demandantes en este proceso.
En un juicio paralelo, las víctimas lograron una primera victoria. El tribunal de comercio de Tolón (sur de Francia) falló en noviembre en contra de TUV, que tenía a cargo la certificación de la calidad de las prótesis, al considerar que “no cumplió sus obligaciones de control” y condenó a la empresa a “reparar los perjuicios” causados.
Además de esos juicios, otras dos causas están siendo instruidas por la justicia francesa por el escándalo PIP, una por heridas involuntarias y otra por quiebra fraudulenta.
