Este martes, en sesión ordinaria del Consejo Legislativo Estadal, se aprobó un total de 71 millones 459 mil 624 bolívares con 13 céntimos a fin de cancelar pasivos laborales pendientes por el Ejecutivo Regional. Los recursos son provenientes del Ministerio de Salud y del ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz a través de Incremento de Situado.
En total fueron 11 créditos adicionales autorizados por el parlamento regional, los cuales contaron con la aceptación de los diputados asistentes.
Entre ellos destacan la aprobación de un crédito adicional por la cantidad de 66.286.660 bolívares por parte del Ministerio de Salud, para la nivelación del salario mínimo, escala de sueldos y tabulador de salarios correspondiente al personal empleado, obrero y administrativo de la Dirección Sectorial de Salud.
A su vez, se resalta la autorización de 1.104.110 bolívares bajo el financiamiento del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz por concepto del incremento de sueldos y salarios, bono vacacional y bonificación de fin de año para los trabajadores de la empresa Metrobus Lara.
También, se aprobaron créditos adicionales a instituciones como Saina – Lara, Fundeme, Fundapromed, Fundacanelon, Tecnoparque, Instituto de la Juventud de Lara, Cortulara, Parque Bararida e Instituto Autónomo Biblioteca Pública Pío Tamayo.
Presupuesto reducido
Según la opinión del diputado Jhonny Narváez, presidente de la Comisión de Finanzas y Presupuesto del CLEL, la solicitud de créditos adiciones para instituciones regionales, forma parte de una estrategia administrativa de la Gobernación para saldar los recursos presuntamente reducidos sin explicación alguna.
“Aprobamos 11 créditos, uno de ellos de mucha importancia como fue el del sector salud, cuyos recursos estaban reposando en la Gobernación del estado desde su aprobación por parte del ministerio de Salud el pasado 8 de noviembre. Finalmente enviaron el informe el día 29 y pudimos proceder a los procesos reglamentarios para su asignación. Además , tenemos conocimiento de la reducción del presupuesto de las instituciones regionales”.
“No obstante, en vista de estas situaciones, hemos elaborado unos informes que fueron enviados a la Contraloría del estado y la Fiscalía para que consideren si existen argumentos para que se establezcan sanciones de ley”, prosiguió.
Rechazo a la reforma de la Ley Estadal de Planificación
En otro orden de ideas, el diputado Roberto Sánchez, rechazó la reforma de la Ley Estadal de Planificación, pues considera que se trata de un mecanismo dirigido por diputados oficialistas para truncar la gestión del gobernador Henri Falcón.
“Esta ley pretende que la Gobernación tome los planes de las comunas para hacer su planificación general, cuando antes se establecía la ejecución de proyectos a través de los lineamientos emanados por el Plan de la Nación”.
