A la familia de Jacinto Elías López Velasco la vida le dio un vuelco el primero de enero de 2009, cuando, a las 10:40 de la noche, perdió la vida luego de un hecho confuso que su padre, Carlos Eduardo López, ha relatado hasta el cansancio en cualquier espacio posible.
De su puño y letra ha escrito la versión. Valiente, sin ceder derechos, ha sido protagonista de la protesta. A veces la impunidad lo quiere vencer pero él, victorioso, reclama una y otra vez que cinco años son mucho tiempo esperando justicia.
Recuerda que la mala hora le llegó a Jacinto Elías López Velasco cuando se encontraba en el estacionamiento de un centro comercial ubicado a la entrada de Cabudare, junto a un amigo.
En cuestión de segundos, unos sujetos los sometieron. La suerte que acompañó al amigo (sólo herido) no la tuvo Jacinto, quien falleció.
“Recibió siete disparos, en las piernas cuatro y en la cabeza tres y murió en el acto. Uno de los asesinos, desoyendo súplicas y pagos mayores le dijo que cumplía una encomienda”, afirma Carlos Eduardo López en testimonio que espera sea el peldaño siguiente de su larga lucha por la justicia que no llega.
Dudosa investigación
Explica que luego de los hechos designaron a la Fiscalía 5ª a nivel regional y a la fiscal 52 con Competencia Nacional para adelantar las investigaciones. “Allanaron la casa del presunto autor material, pero sólo capturaron a supuestos cómplices o integrantes de la banda.
Desde el mismo momento del hecho contraté los servicios de investigadores privados que ubicaron el vehículo y la información fue transmitida en el acto al Cicpc”.
Explica que si bien el organismo “corroboró que el vehículo utilizaba placas adulteradas, sin embargo no actuó para ubicarlo. A los pocos días los funcionarios de la División de Homicidios, se entendían con los presuntos autores a través de extorsión y la fiscal decidió incorporar a un cuerpo diferente a la investigación, vista que las evidencias de complicidad eran evidentes”.
Explica que a los veinte días del hecho acudió hasta la escena del crimen y consiguió elementos relevantes, hasta objetos personales de su hijo.
“En ese momento me dirigí a la fiscal superior, para ese momento la abogada Lucila Sirit y le informé de mi inaudito hallazgo; ¿qué pesquisa realizó el Cicpc, me pregunté? En su compañía y de la fiscal encargada del caso nos trasladamos a la sede del Cicpc donde dieron su versión: recogieron lo que les interesó, nada más”.
Intervención ante la AN
“Ante la renuencia del Cicpc a darle respuesta a los requerimientos, las fiscales nacional y regional incorporaron a un grupo de la GNB que realizó otro operativo infructuoso, pero que demostraban cumplir su trabajo. Al poco tiempo los desincorporaron y sus actuaciones obviadas del expediente”, explica López.
Ante los hechos, acude a la Comisión de Política Interior de la AN, denuncia la situación “y quedaron en nombrar una sub-comisión que debería elaborar un informe ante las reiteradas denuncias de hechos similares, pero esta sub-comisión no llegó a constituirse”.
Incluso envió una rogativa pública a la fiscal general de la República, que le asignó el caso a la Fiscalía Segunda, “por la cual hasta el momento han pasado seis fiscales”, sin dar respuesta.
Este largo peregrinar de cinco años tocando las puertas de la “justicia” ha resultado infructuoso.
“Cinco años después, los autores siguen en el anonimato, no hay culpables, no hay detenidos, sólo víctimas y dolientes. El expediente es una demostración de la complicidad del Cicpc con el delito, de desobediencia civil, puesto que todos los requerimientos realizados por las fiscalías desde hace tres años continúan a la espera de respuesta”.
Incluso, Carlos Eduardo López afirma que los asesinos de su hijo siguen actuando: Emplean cédulas falsas, “operan desde una zona de Palavecino donde viven a sus anchas”.
El dolor de un padre
“Me siento burlado, humillado, ultrajado y de manos atadas ante una justicia que actúa sólo para los pudientes, la clase política y los cuerpos policiales cuando resulta afectado uno de los suyos”, afirma en correspondencia dirigida al fiscal superior del estado Lara y a la fiscal segunda que lleva la causa.
Este documento no se lo lleva el viento: la ha difundido en las redes sociales y remitido a los medios de comunicación para que su verdad no quede impune a cinco años de la muerte de su hijo en una noche trágica que destrozó hogares.
