Las exigencias al poder Ejecutivo son categóricas y urgentes: que se declare estado de emergencia nacional en materia de salud.
Sobre la monumental crisis que afecta el derecho a la salud pública de los venezolanos alerta la declaración consignada este martes ante el Ministerio de Salud, por gremios de este sector y organizaciones de derechos humanos.
La fragmentación del sistema hospitalario debido a la creación de la Misión Barrio Adentro; la actual inoperatividad de esta red «paralela» de la que hoy sólo funciona el 40% de sus módulos; la ausencia de insumos debido a la falta de divisas para la importación, y el «impulso» que daría el gobierno a la red de salud privada, son algunas de las razones que esgrimieron los manifestantes.
«Los avances registrados en el inicio de la Misión Barrio Adentro han experimentado retrocesos y estancamientos, como lo refleja la gran cantidad de establecimientos cerrados o funcionando a medio turno, además de la disminución de la cantidad de trabajadores y trabajadoras de la salud laborando en dicha política pública», señala el documento.
Además, agrega, «Barrio Adentro contribuyó a incrementar la fragmentación de la prestación del servicio público de salud, funcionando de manera paralela a la red pública tradicional dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Salud y de las gobernaciones a las que se les transfirieron servicios de atención médica».
Igualmente, al hacer un diagnóstico de la crisis, los activistas insisten en que «el Estado no ha garantizado programas estables de dotación de medicamentos, lo cual ha provocado interrupciones permanentes de suministro en los últimos años, por ejemplo para los personas con VIH y con condiciones de salud crónicas.
Las denuncias sobre el desabastecimiento de medicinas se han agravado debido a las dificultades de acceso, para su importación, de las divisas a precio preferencial y las deficiencias presupuestarias».
Un dato ejemplifica la dramática situación de los hospitales señala que «para el año 2012 de las 28.895 camas que disponen los hospitales a nivel nacional –una cifra de por sí insuficiente para atender la demanda-, apenas 19.911 se encontraban operativas».
Frente a esto resalta la situación del venezolano común que no le queda más remedio que aceptar estas carencias. «Más del 60% de la población venezolana no cuenta con seguros privados ni públicos y 54% continúa asistiendo a los hospitales y ambulatorios públicos –según datos del último Censo realizado por el INE-, a pesar del mal estado en el que se encuentran estos establecimientos y de lo invertido en los CDI de la Misión Barrio Adentro».
«Sin embargo, en vez de fortalecer los hospitales y ambulatorios públicos con presupuestos suficientes y adecuadamente administrados, el Estado ha venido estimulando la privatización de la salud a través de convenios con clínicas privadas para la atención exclusiva de los trabajadores y trabajadoras del sector público, lo que de hecho ha contribuido a que los profesionales de la medicina y la población que no consigue atención en los establecimientos públicos, no tenga otra opción que migrar hacia la medicina privada, contrariando las garantías expresadas en la Constitución», sostienen los activistas.
Ante esta realidad, las exigencias al poder Ejecutivo son categóricas y urgentes: que se declare estado de emergencia nacional en materia de salud; que se cree un plan a corto y mediano plazo para atender cada una de las problemáticas, y, finalmente, que la fiscal general de la República nombre un fiscal especial para atender las denuncias sobre el derecho a la salud.
