En vista de las recientes medidas económicas tomadas por el ejecutivo nacional, la Cámara de Comercio del estado Lara organizó un foro titulado: Rebajas Obligadas: causas y efectos de una economía de controles, con el propósito de orientar a su afiliados sobre las consecuencias y derechos que tienen ante supervisiones imprevistas.
La charla fue dictada por Alejandro Tovar presidente de la Cámara de Comercio, Aníbal Peña Javitt, economista, y el consultor jurídico Julio Pérez Graterol.
En primer lugar, Tovar, informó que existe una gran preocupación en este sector, aunque entiende que el gobierno está en la obligación de revisar los precios, considera que los mecanismos utilizados no están sustentados por parámetros legales.
“Creemos que es una decisión política, la cual está afectando al sector productivo del país que genera empleo y cancela impuestos. Nos está preocupando que cuando muchos comerciantes se queden sin mercancía, no tengan la disponibilidad de reponer sus inventarios por la baja oferta de divisas preferenciales”.
Presagió, que en el venidero mes de enero, la situación en el sector productivo del país se recrudecerá por la escasez de bienes y servicios.
“El próximo año la situación será bastante complicada, existe mucha incertidumbre. Actualmente están ganando los prestamistas, debido a que las personas están buscando dinero para comprar y, lo más preocupante, es que están faltando al trabajo para adquirir bienes. Se está generando el fenómeno del consumismo”, expresó.
Medida política
El economista Aníbal Peña Javitt coincidió en criterios con Tovar, pues considera que estas medidas son netamente políticas a causa de los venideros comicios municipales. Por tales motivos, el país estaría atravesando una situación de crisis por el aumento de la liquidez, crecimiento de la cifra inflacionaria y el endeudamiento con otros países.
“La escasez de divisas preferenciales ha ocasionado que los comerciantes busquen otras alternativas de compra en distintos mercados paralelos, lo cual genera aumento en los productos. Sin embargo, estas gestiones no se van a realizar en la reposición de inventarios, debido a que el ejecutivo probablemente fije el precio de los productos a dólar oficial y generará pérdidas”.
De acuerdo a su criterio, el Estado está fiscalizando e imponiendo precios a los comerciantes sin revisar su estructura de costos ni analizar el margen de ganancia.
“La solución es una apertura al comercio, una economía de mercado abierta, tal y como sucede en países como China y Rusia; pero naciones como Corea del Norte, Cuba y Venezuela, cuentan con una sistema cerrado en este mundo de constante intercambio. Tiene que haber confianza, estado derecho y reconocimiento a la propiedad privada”, sostuvo.
Inseguridad jurídica en el empresario
En el marco legal, Julio Pérez Graterol, consultor jurídico de la Cámara de Comercio, orientó a los afiliados sobre los mecanismos legales y derechos que cuentan al momento de ser supervisados sorpresivamente. De acuerdo a su criterio, el Gobierno Nacional está generando una inseguridad jurídica en los pequeños, medianos y grandes actores económicos.
“Lo que hemos visto es que de alguna manera, el estado, arbitrariamente, sin haber establecido un margen de ganancia para los bienes y servicios, le ha impuesto a los actores económicos rebajas obligadas con unos márgenes que consideran adecuados y justos. Lo más grave es que no existe una medida legal que avale las acciones de supervisión y control de precios”.
