Luego de revisar en profundidad la situación de los agentes jubilados de la Policía de Lara, la comisión parlamentaria encargada de la tarea concluye que la administración del gobernador Henri Falcón ha violado los derechos humanos de estos funcionarios al desconocer sus necesidades de gozar de un retiro tranquilo, después de su entrega al cuerpo de seguridad.
“Todo gobernante electo por el pueblo debe asumir las responsabilidades que le competen, ya sean pasivos laborales de gestiones anteriores e inclusive lo que él mismo en su gestión”, dijo la diputada Leyda Lara, presidenta de la Comisión de Políticas Públicas y Participación Ciudadana del parlamento, quien lideró la revisión de la situación de los policías.
La parlamentaria señaló que las innumerables reuniones y encuentros de los afectados con el gobernador de Lara, sin llegar a una solución efectiva, constituyen una situación insostenible, que se une al retraso en las pensiones de los familiares sobrevivientes de los funcionarios caídos en el cumplimiento de su deber, o por enfermedad.
“A estas alturas ni siquiera existe un registro, ni les han dado fiel cumplimiento al pago de las pensiones, o siquiera su homologación, por lo cual están cobrando por debajo del salario mínimo”, acotó.
De hecho en el informe, entregado este martes a la plenaria, también se concluye responsabilizar a Henri Falcón de la violación de ocho artículos de la Constitución Nacional referidos a los derechos ciudadanos; así como la Ley Orgánica de la Función Pública, la Ley de Alimentación y la Ley de Cajas y Fondos de Ahorro, entre otras.
Lara denunció que el Gobierno regional no cumple con los trabajadores en reposo, o incapacitados por el Seguro Social, para pagarle sus cesta ticket.
El informe de la comisión será referido a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, donde se sigue una investigación al mandatario por presunta corrupción; así como al Ministerio de Interior y Justicia y la Contraloría del estado Lara.
Quieren pago completo
Asimismo, en la sesión se acordó “dejar sin efecto” el informe 045 de la Comisión de Finanzas y Presupuesto, donde se solicitan 511 mil bolívares fuertes, que serían asignados a gastos de personal y transferencias del Consejo Legislativo.
Aunque esta solicitud corresponde a una parte de la deuda que se tiene con el Parlamento regional, por concepto de los dozavos del mes de mayo, la mayoría de la plenaria considera que al formar estos parte de una solicitud previa de BsF.1,34 millones, el total de la deuda de los dozavos de mayo y junio, estos deben ser cancelados de una sola vez y no de forma fraccionada.
Radiales honrados
Este martes también se llevó a cabo una sesión especial para reconocer el trabajo de los radiodifusores en el estado Lara, en el marco del Día del Trabajador de la Radio, celebrado el pasado 6 de junio.
El alcalde de Palavecino, Richard Coroba, fungió como orador de orden en el evento, donde refirió que este medio de comunicación no escapa “del actual papel de los medios que se han convertido en un partido político más de la oposición”.
Indicó que el Gobierno ha sancionado a estaciones morosas, ilegales o incumplidoras de sus obligaciones ante la ley, lo cual ha generando un escándalo por parte de los dueños de emisoras quienes denuncian una paulatina pérdida de la libertad de expresión, “sin hacer mención de la complicidad con intereses ocultos, la generación de miedos en la sociedad, la fabricación de supuestas verdades”.
En el acto representantes de varias estaciones radiales de la región recibieron reconocimientos por parte del Consejo Legislativo.
Foto: Ricardo Marapacuto