La creación del Centro Estratégico de Protección de la Patria (Cesppa), a través del decreto presidencial 458, es, a juicio de Marcelino Bisbal, director de Postgrado de Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), parte de una serie de decisiones que el presidente Nicolás Maduro ha tomado justo desde el día de su toma de posesión en relación con los medios de comunicación social del país. La puesta en marcha de esta institución, creada formalmente el 1º de junio de 2010 por el entonces presidente Hugo Chávez, plantea una señal de alarma ante la voluntad del Gobierno nacional de aplicar controles a través de un organismo que ya cuenta con un director nombrado, el general Gustavo González, lo cual no se produjo, al menos de manera oficial, cuando el fallecido mandatario nacional concibió la idea.
“Obviamente en este proceso de profundización y radicalización de la revolución, como han insistido en llamar tanto el presidente Maduro como el diputado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, ellos requieren ‘controlar y vigilar’ aquellos flujos de información tanto del sector público como el privado, que puedan atentar contra la seguridad, soberanía y estabilidad del país”, expone Bisbal.
Para el catedrático, el motivo de alarma está en aquello que no se plantea de lleno en el decreto presidencial, ni en resoluciones posteriores, es la no definición de los criterios a utilizar para decidir si una información es desestabilizadora o no, o cómo es que puede constituir un atentado para la seguridad de la nación. Por ello, considera que se trata de una escalada más para cortar los flujos de información que resulten “dañinos” e incómodos para el sector gubernamental.
Aun cuando el decreto fue sometido a una revisión el mes pasado, y mejorado en algunos aspectos como la supresión de los conceptos de “enemigo externo” y “enemigo interno”, así como la idea de que todas las estrategias del Cesppa tenían que pasar por el Comando Político-Militar de la revolución “para asegurar la defensa del proceso bolivariano”; aún permanecen los aspectos fundamentales y ahora se tiene bajo el control de un oficial militar que ocupó cargos en la Gobernación de Miranda cuando Diosdado Cabello estuvo al frente del gobierno regional.
“Hace unas semanas atrás, vía Twitter (que es un medio de información a manejar con el mayor cuidado posible), se especulaba sobre el nombramiento de un militar en la Vicepresidencia de la República. No creo que el gobierno llegué tan allá, pero sí hay prueba suficiente de que el presidente Maduro está atrapado por una facción, una logia del mundo militar que tiene muchas prebendas y no quisiera de ninguna manera que su poder se diluyera en un momento dado. La información es un bien estratégico y en la medida que cuenta cómo se maneja la cosa pública, pues afectará a determinados intereses del Gobierno nacional y esa facción del mundo militar que custodia ese poder”.
Las divisas como forma de control informativo
– ¿Se pone el Gobierno más cerca del control total de la información?
– Hay otros mecanismos que no necesariamente controlan de manera directa la información, por ejemplo, algo que para ustedes en el diario EL IMPULSO como en otros periódicos del país es un tema crítico: la falta de divisas para la compra de papel, renovación de equipos, compra de insumos. Eso se ha ido reduciendo poco a poco y el Gobierno no otorga las divisas necesarias o requeridas. La Cámara Venezolana de la Prensa Regional ha indicado que unos veinticinco periódicos se vieron obligados a cerrar sus puertas por la falta de papel periódico. Muchas editoriales en el país, sobre todo de libros, no tienen papel para poder mantener sus ediciones y en ese sentido se puede decir que el Gobierno ha coartado ese flujo de información.
– ¿El recurrir a esta estrategia puede catalogarse como muestra del fracaso de la política comunicacional del Estado, en la búsqueda de la hegemonía?
– Todo lo contrario. En ese sentido el Gobierno ha sido exitoso, porque el hecho de que los medios radioeléctricos, que son los más importantes para el sector oficial, tengan un muy bajo impacto de audiencia no significa que hayan fracasado. Estos han ido copando espacios importantes en el mundo de los medios, no sólo en el espectro radioeléctrico sino en la comunicación satelital con dos dispositivos en órbita, apenas se cuenta con cuatro grandes medios impresos independientes del carácter nacional y ahora a la Fuerza Armada Nacional se le otorga espacio a través de Radio Tiuna, con catorce frecuencias en distintas partes del país, además de toda la jurisprudencia montada a los largo de estos años (leyes Resorte, Orgánica de Telecomunicaciones) y que al final coarta grados importantes de esa información y ese derecho a la libertad con medidas como la autocensura. En el mundo de los medios comunitarios y públicos, si bien no pertenecen al Gobierno nacional son abiertamente afectos al proceso político actual, porque cuentan con las prebendas gubernamentales para el otorgamiento de concesiones y facilitación para su funcionamiento.
– ¿Pero porqué llegar a los extremos con la prensa escrita?
– Una explicación pudiera ser de carácter político. En la medida en que el gobierno de Nicolás Maduro llega a la Presidencia con una mitad del país acusándolo de ilegítimo, con todo lo que hereda del expresidente Hugo Chávez en mal manejo de las políticas públicas, sobre todo en la economía, se tiene una administración muy inestable que constantemente se mueve en aguas fangosas. En ese sentido, necesita reforzarse para mantenerse en el poder. Los sectores del mundo militar que intervienen en el Gobierno creo que son más bien pequeños, pero muy corporativos, y por ello requieren que el poder actual se mantenga. En un Gobierno con tan poca estabilidad la tendencia es a centralizar y a reforzar medidas de control.
– Entonces, luego de seis meses de las elecciones ¿Sigue siendo la falta de legitimidad el fantasma que persigue a Maduro?
– Todavía hoy muchos tenemos la duda de si realmente el candidato Nicolás Maduro ganó las elecciones, y si lo hizo con una ventaja tan pequeña que uno no puede entender por qué el Consejo Nacional Electoral y el Gobierno se negaron a comparar los resultados físicos de las urnas con los cuadernos de votación. Allí hay una intranquilidad porque la mitad del país considera que el Gobierno es el resultado de una decisión del árbitro electoral y no de la voluntad popular. Con todo el conjunto de irregularidades que se prestaron, en un país serio se habría convocado a un reconteo total de los votos, o incluso la repetición de las elecciones, pero en este país es otra la situación.
Oposición y chavismo necesitan mostrarse como mayoría
– De cara a las elecciones de 8-D ¿Necesita la plataforma del chavismo contar con la legitimidad de Maduro?
– Es una cuestión de vida o muerte mostrarle a la opinión pública y al país que a nivel de voto nacional el chavismo es mayoría, y si en las pasadas elecciones una parte se diluyó por no acudir a las urnas a votar, ellos necesitan demostrar que ahora sí tienen a toda esa población. Por otra parte, la oposición democrática necesita demostrar exactamente lo mismo. Desde una perspectiva política, todo ciudadano opositor debe entender que es imperativo salir a votar en las próximas elecciones, a pesar de la desconfianza que pueda tener hacia el CNE, es necesario demostrar que se tuvo una mayoría.
En todo caso, la abstención juega para ambos lados. Obviamente en este tipo de elecciones tradicionalmente 30% a 35% de los electores optan por no participar porque no le dan importancia al gobierno municipal, pero aquí no solamente hay que ganar alcaldías, sino demostrarle al país en general, y a la opinión pública que la oposición democrática es mayoritaria. Más que una elección local es un plebiscito. La gente lo debe entender y el Gobierno nacional lo tiene muy claro.
Ciudadanía bajo sospecha
La institución encargada del control de la información en “pro de la seguridad de la patria” no es más que un elemento en todo un entramado de proyectos de leyes, e incluso leyes, que el Gobierno nacional ha intentado introducir en la vida de los venezolanos, explica Bisbal, quien recuerda que en la mayor parte de los casos ha sido el rechazo franco de la opinión pública lo que ha logrado el retiro de muchos de esos instrumentos, aunque ya hubiesen sido aprobados por la Asamblea Nacional.
Una de las más exitosas empresas sería la validación de varias de las premisas que se intentaron conseguir con el voto popular en el referendo del 2 de diciembre de 2006, el cual fue rechazado por un poco más de la mitad de los electores.
Recordó que las iniciativas en materia de control de medios se remonta al proyecto de Ley de Delitos Mediáticos, introducido por Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, además de lo que se conoció como la “Ley Sapo”, fueron rechazadas en su momento, pero ahora que revisa el contenido del decreto 458 encuentra algunos elementos redaccionales, particularmente en los artículos 4, 8 y 9.
“Por supuesto, en aquellos regímenes de corte fascista, de planificación central y de carácter comunista, había organismos parecidos a estos, pero recordemos que en estos gobiernos a los ciudadanos se les consideraba como principales sospechosos”. Sin embargo, en materia de comunicacional lo más preocupante para el especialista en Semiótica es el ahogo que sufren los medios en su funcionamiento, ya sea con las trabas a la adquisición del papel o con las trabas en la concesión de divisas para los audiovisuales, los cuales tienen concesiones cada cinco años. La medida es vista por Bisbal como un exabrupto ya que el tiempo de concesión no se ajusta a las exigencias de tecnologías, que cambian cada día. Curiosamente, la situación no se observa en los medios públicos. Hace dos semanas la AN aprobó un crédito adicional para la compra de seis mil toneladas de papel destinados a los periódicos del Gobierno, además de la modernización de equipos para Venezolana de Televisión y los otros canales de televisión oficialistas.
