La oficina gubernamental venezolana de defensa del consumidor anunció hoy que los establecimientos de venta de alimentos y bebidas tienen hasta el 18 de julio para informar obligatoriamente al organismo y al público cuáles son sus precios.
La presidenta del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis), Consuelo Cerrada, anunció que la medida pretende reducir la especulación y los altos índices de inflación y se enmarca en el cumplimiento de la Ley de Costos y Precios Justos, en vigor desde el 22 de noviembre.
Desde el pasado 18 de junio, cuando arrancó la inscripción obligatoria de esos establecimientos comerciales en la página web del Indepabis, solo 1.057 usuarios y 267 empresas han cumplido con ello, detalló Cerrada al canal VTV de la red estatal de televisión.
Cerrada ha repetido, desde que el 15 de mayo pasado se publicó en la Gaceta Oficial la resolución, que los consumidores organizados en los consejos comunales deben ser «los principales fiscales» para evitar el incumplimiento de la norma.
Además del precio final a los consumidores, las empresas proveedoras de los comerciantes deben informar al Indepabis del coste de producción y margen de ganancia de cada producto.
Son los consumidores quienes deben ejercer «contraloría social», aunque el Indepabis, dijo Cerrada en otras declaraciones a VTV, visitará los establecimientos para verificar «si el precio cargado a la página coincide con el colocado en el local».
El pasado 31 de marzo, en víspera de la entrada en vigor de los nuevos precios que el Gobierno fijó a 19 productos de consumo básico e higiene, el presidente Hugo Chávez dijo que «solo con la intervención» estatal y la fiscalización popular se acabará «poco a poco con la locura de la especulación capitalista».
El Gobierno prevé incorporar este año otros bienes y servicios a esta normativa, «especialmente aquellos que tienen un alto índice inflacionario», añadió el gobernante.
La inflación en Venezuela fue en 2011 del 27,6 %, según el Banco Central de Venezuela.
El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) de Venezuela interpuso el pasado 7 de marzo un recurso de nulidad de la Ley de Costos y Precios Justos por considerarla inconstitucional.
