Como una reacción sin sentido, fuera de toda lógica y sólo explicable por la conducta arbitraria, antidemocrática y violenta de Nicolás Maduro, es considerada la amenaza de éste contra Henri Falcón, de acusarlo ante la Fiscalía general de la República, porque el mandatario regional ha planteado la necesidad de que se imponga el estado de Derecho, contenido en la Constitución.
Así lo consideran los doctores Juan Vilela, abogado constitucionalista y Guillermo Palacios, también profesional del Derecho y diputado a la Asamblea Nacional.
Falcón dijo lo que todo demócrata siente, expuso el Dr. Vilela. Los poderes públicos no pueden estar sujetos al Ejecutivo Nacional, porque todos tienen plena autonomía para ejercer las funciones respectivas que les corresponde.
Maduro no entiende que la Constitución le garantiza el derecho a todos los ciudadanos de emitir sus opiniones en cualquier momento y, por lo tanto, un gobernante que exige el cumplimiento del texto constitucional no puede ser amenazado.
Por su parte, el doctor Palacios manifestó que el Gobierno trata de limitar la opinión de los sectores de la oposición y mucho más de los funcionarios públicos.
Para Maduro y el Gobierno toda opinión diferente a la de ellos representa lo que se denomina un crimen mental.
No es posible que se haga cualquier tipo de interpretación a lo que diga un opositor y enseguida, enfurecidamente, Maduro lance ese tipo de amenaza sobre todo con el garrote que ha venido utilizando el gobierno, como es el de la fiscalía del Ministerio Público.
Claramente se demuestra que los órganos de los poderes públicos están controlados por el gobierno y precisamente eso es lo que ha dicho Falcón.
