La destitución vertiginosa de Fernando Lugo de la presidencia de Paraguay
por «mal desempeño de sus funciones», resaltó la polémica – y también las
hipocresías – sobre los principios de no injerencia, soberanía y
autodeterminación, que varios gobiernos y organizaciones de la región
traslucen de acuerdo a su tinte ideológico.
La forma en que el Congreso paraguayo destituyó a Lugo fue para algunos un
flagrante golpe de Estado; para otros, se trató en esencia, de un legítimo
juicio político, apegado a Derecho y normas constitucionales. La falta de
violencia y coerción en el proceso, la ausencia de una fuerza armada activa
y que el Presidente aceptara la decisión tranquilamente en su despacho, sin
que se le expulse en helicóptero o pijama, reflejan un panorama muy
diferente al que terminó con Manuel Zelaya en 2010 y en forma momentánea con
Hugo Chávez en 2002.
Lo que caldeó más el ambiente fue la injerencia de Chávez en el conflicto, a
quien se le atribuyen los cambios bruscos de conducta del ex Obispo católico
y ahora ex presidente Lugo. En un santiamén, saltó de «me someto a la
decisión del Congreso», a denunciar un «quiebre democrático mediante un
golpe parlamentario»; y desde organizar un gabinete paralelo y un frente
para la resistencia, hasta anunciar que será candidato para las elecciones
de abril próximo.
No solo la rareza y rapidez del proceso de destitución fueron notables, sino
también el alto porcentaje de diputados y senadores que estuvieron en su
contra. Por eso huele a excusa que se haya basado en un episodio de
ocupación de tierras donde murieron 11 campesinos y seis policías; porque
casos así en otros países, acaban con ministros y responsables, pero jamás
con presidentes. Lo que sucedió es que a Lugo, así como a Zelaya en
Honduras, le pasaron factura por haber comprometido lealtades al ALBA, en
detrimento de los partidos políticos que lo llevaron al poder.
De ahí que Chávez fuera el primero en acusar recibo, anunciando de
inmediato un embargo petrolero contra Paraguay Es que el presidente sabe
bien que los senadores paraguayos, representan su último escollo – tras la
aprobación de argentinos, brasileños y uruguayos – para que Venezuela entre
como socio pleno al Mercosur.
Si bien la destitución puede calificarse de inapropiada y apresurada,
Paraguay demostró tener instituciones públicas más independientes y
equilibradas que muchos otros países. También evidenció hipocresías
ideológicas, ya que los más resentidos, como Raúl Castro, Daniel Ortega, Evo
Morales, Rafael Correa y Chávez, quienes siempre reclaman contra la
injerencia y la autodeterminación, fueron los que más se entrometieron en
este conflicto. El nuevo gobierno de Federico Franco denunció que el
canciller venezolano, Nicolás Maduro, arengó a los militares paraguayos para
que defendieran a Lugo.
La hipocresía es que muchos de estos gobernantes son los responsables de
consistentes «golpecitos» constitucionales. En sus países se han denunciado
procesos electorales viciados, sometimiento de jueces, hostigamiento contra
periodistas y medios, y servilismo de legisladores que delegan en el Poder
Ejecutivo su función de legislar. El caso más grave fue el autogolpe
parlamentario de 2010 en Venezuela, cuando la Asamblea Legislativa, semanas
antes de que asumieran los legisladores de la oposición, le otorgó a Chávez
un poder por 18 meses para que haga leyes a su antojo.
Si fue un golpe o un proceso constitucional, lo de Paraguay pasará a la
historia según la óptica del observador; dudas que hasta calaron en el área
de los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) de la OEA calificó de inaceptable «lo expedito del juicio político»,
a diferencia de la Fundación para los Derechos Humanos, una ONG
independiente, que argumentó que el proceso cumplió con la Carta Democrática
Interamericana. Es probable que la CIDH apresurara su diagnóstico, tratando
de neutralizar las críticas y amenazas de disolución en su contra que
lideran los presidentes de Venezuela y Ecuador.
Lo importante será que pese a las medidas disciplinarias que adopten las
entidades continentales – OEA, Mercosur, Unasur – los nuevos dirigentes
paraguayos demuestren que el juicio político no afectará de ninguna forma el
orden y compromiso democrático. <mailto:[email protected]>
