Nicolás Maduro ya puede jactarse de superar por primera vez al fallecido Hugo Chávez. Cuando la semana pasada ordenó encarcelar a los responsables del diario 2001, una de las cabeceras del grupo editorial de Armas, por informar sobre los crónicos problemas de abastecimiento, el Presidente de Venezuela cruzó una línea nunca antes traspasada por su mentor ni por los Gobiernos civiles entre 1958 y 1998.
Hasta ahora nadie había ordenado “la máxima pena posible”, es decir, cárcel, para los responsables de la titulación de la primera página. Por el momento el caso no ha llegado tan lejos, pero siguiendo las instrucciones del Ejecutivo, la fiscalía interrogó entre jueves y viernes a los editores de 2001, la directora, Luz Mely Reyes, el subdirector, Omar Luis Colmenares, y el jefe de información, Juan Ernesto Páez Pumar, quienes en la edición del 10 de octubre decidieron escribir en primera página: “La gasolina la echan con gotero”, a partir de una pieza que ilustraba la falta de combustible de 95 octanos en las estaciones de servicio de Caracas. La expresión molestó al mandatario, quien lo calificó de “cochino y grosero” y calificó de bandidos a los propietarios del grupo, que también tiene un diario deportivo, Meridiano, y una cadena de televisión del mismo nombre.
Reyes contó a este diario que recibió la notificación formal dos horas antes de la cita con la fiscal del caso. La fiscal a cargo buscaba indagar cómo había verificado la información trabajada por la periodista responsable. La nota se elaboró a partir de los testimonios de conductores y trabajadores de las gasolineras, quienes confirmaron las dificultades para encontrar combustible en Caracas. “Nuestra responsabilidad es informar a la ciudadanía y lo vamos a seguir haciendo”, explicó.
El interrogatorio a los editores de 2001 es la última de una serie de decisiones que buscan presionar a la prensa para que limite sus coberturas de la crisis económica, o compre la versión según la cual la generalizada carestía es consecuencia de una guerra declarada por los enemigos de clase del chavismo. El 30 de septiembre, el ente regulador de la televisión, Conatel, abrió una investigación contra el canal de noticias Globovisión por una información similar. El Ejecutivo siente que todas esas informaciones perturban la tranquilidad de los venezolanos.
En realidad el Gobierno se ha quedado sin respuestas para atajar el desabastecimiento, porque se niega a flexibilizar sus controles sobre la economía y mantiene por razones ideológicas un cepo cambiario desde hace más de diez años. Ese criterio tan hermético lo ha pagado con una inflación acumulada del 38,7% en el último año y con una brecha enorme entre el precio controlado del dólar y su cotización en el mercado negro.
En vez de modificar su política económica, Maduro va contra quienes poseen información delicada para sus intereses. La semana pasada también creó por decreto el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), que ha quedado a cargo del excomandante de las Milicias Bolivarianas Gustavo González López y reporta directamente a la Presidencia de la República. El CESPPA podrá solicitar información a cualquier ente estatal o privado y estos estarán obligados a entregarla. Su misión principal es monitorear y neutralizar la “actividad enemiga interna y externa”.
