Cecilia Sosa, ex presidenta de la desaparecida Corte Suprema de Justicia (actual Tribunal Supremo de Justicia), indicó que en Venezuela, no es una prioridad la justicia, debido a que el número de fiscales del Ministerio Público, los jueces en todo el país, además de la cantidad de defensores públicos, no permiten dar respuestas oportunas a las personas que esperan la administración de la misma.
Según datos aportados por la jurista, un total de 1.200 fiscales nacionales, 750 defensores públicos, 500 jueces penales conforman la administración de justicia de los organismos públicos, “además de la falta de equipamiento y la preparación en la carrera de estos funcionarios”. Bajo esta perspectiva, Sosa explicó que existe un problema estructural en este poder nacional, aunado a la “politización del sistema, hace que no exista justicia en Venezuela”. Está convencida del papel predominante que ejerce el Ministerio Público sobre los jueces que pertenecen al sistema penal, y del tinte político impreso por el órgano que investiga los hechos ilícitos. “El MP tiene el monopolio de la acción penal, y los jueces, por miedo, hacen lo que el MP quiera en cualquier expediente”, además, “la fiscal ha mostrado su apoyo abiertamente al Gobierno, lo cual le resta seguridad jurídica a quien sea sometido al juicio penal”.
Caso gerentes del Sambil
En el estado Lara, un caso emblemático de la actuación del Ministerio Público, ha sido el que involucra a los gerentes del centro comercial Sambil, recientemente liberados con la condición de la presentación periódica ante los tribunales. En este sentido, Pedro Troconis, abogado defensor de los afectados, explicó los posibles escenarios que podrían darse en los próximos 20 días hábiles, fecha en la cual se realizará la audiencia preliminar y donde el juez determinará si existen elementos para iniciar un juicio oral y público.
“Hubo una modificación en la calificación jurídica de participación”, dice Troconis, “antes eran autores, después de los 45 días que establece la ley, la fiscalía concluye que sí existe el delito pero como cómplices no necesarios”.
Después de la audiencia, advierte el jurista, si la juez no admitiese el caso, se podría sobreseer (desistir) la causa (quedar en libertad); “de lo contrario, pasaríamos al juicio oral y público, donde el Ministerio Público trataría de desvirtuar la presunción de inocencia”.
Pero el especialista se encuentra confiado en que el MP no cuenta con “acusaciones bien fundadas”, por lo cual espera que el juez no abra juicio contra estos trabajadores.
