El legislador del estado Barinas y miembro de Copei, Francisco Betancourt, acudió este martes a la Contraloría General de la República para pedir que investiguen al gobernador de esa entidad, Adán Chávez, por su presunta responsabilidad en hechos de corrupción.
El legislador regional señaló que bajo la batuta del hermano del fallecido Presidente han ocurrido irregularidades en la ejecución de recursos públicos que deben ser investigadas.
Señaló la responsabilidad directa del mandatario regional por haber dejado de ejecutar una partida de 102 millones de bolívares pertenecientes al ejercicio fiscal de 2012, para trasladarla a 2013.
Caso Maxben
Por otro lado, el legislador barinés también consignó una serie de recaudos que demuestran otros hechos irregulares en esa entidad, cometidas a través de la empresa mixta Venezuela-Bielorrusia, Maxben.
Al revisar la actividad de esta empresa, «se ve claramente que en el proceso de licitación le han entregado contrato a empresas que no aparecen en el Registro Nacional de Contratistas, que además corresponden a intereses particulares de muchas de las personas vinculadas con el gobierno», denunció Betancourt.
Una de estas compañías contratadas, que podrían ser consideradas «de maletín», se trata de Servicios y Construcciones Ferloir, CA, a la cual Maxben le encargó ocuparse de la nacionalización de unos contenedores con partes importadas para el ensamblaje de camiones.
«Esta empresa debía recibir un adelanto de 5 millones de bolívares y resulta que recibió 12, el 70% del monto total de la contratación, cuando el contrato estipula que el pago se iba a realizar 15 días después de que los contenedores estén en las instalaciones de Mazben”, sostuvo el diputado.
Llama la atención además que la constitución de dicha empresa no contempla como objeto legal la cualidad para el ejercicio de actividades aduaneras.
Ya había sido utilizada por Maxben como prestadora del servicio de suministro de artículos tan disímiles como brochas y equipos de computación, «además con sobreprecio”.
«Nosotros entregamos copia de las empresas que licitaron, cada una de ellas tienen como titulares a personas vinculadas con el gobierno. Entregamos cada uno de los soportes», precisó Betancourt tras consignar los documentos ante la Contraloría General de la República y exigir que se investigue.
