La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que hay un grupo de fiscales desplegados a escala nacional para asumir las investigaciones acerca de las presuntas irregularidades cometidas en relación con la utilización de los cupos de moneda extranjera otorgados por la Comisión de Administración de Divisas.
Así lo señaló al intervenir en el programa Al Descubierto, transmitido por Venevisión, donde agregó que los fiscales están comisionados para trabajar conjuntamente con los organismos competentes.
Por otra parte, con relación a la denominada “guerra económica”, la Fiscal General señaló que los fiscales deben evaluar si la conducta desarrollada por quienes incurren en el acaparamiento de los alimentos pudiera implicar poner en riesgo la seguridad alimentaria de los venezolanos y, por ende, la estabilidad del Estado.
De esa forma, los fiscales deben valorar si es pertinente la aplicación de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, a los fines de solicitar una medida más gravosa, como una privativa de libertad.
Adicionalmente, manifestó que los medios de comunicación social tienen un papel importante en el tema económico, por cuanto “estos espacios pueden ser usados para lo bueno y lo malo; desde esta tribuna puedes incidir en la colectividad a realizar compras nerviosas”.
En ese sentido, recordó su reciente encuentro con el escritor Eduardo Galeano y destacó la frase: “La dictadura del miedo”, en alusión al sentimiento que se infunde para que la colectividad esté en zozobra de manera permanente.
Por tal motivo, insistió en que los periodistas no se deben prestar a infundir ese temor; de allí que reiteró el llamado a la paz, la tolerancia y la tranquilidad.
Caso Aranguren
Acerca del caso de la diputada a la Asamblea Nacional por el estado Monagas, María Mercedes Aranguren, la Fiscal General indicó que a criterio del Ministerio Público la conducta desarrollada por la parlamentaria se presume como constitutiva de delito.
Explicó que Aranguren fue designada como presidenta de una empresa creada por el entonces gobernador del estado Monagas, José Gregorio Briceño, la cual realizó contratos en dólares con empresas extranjeras, sin la debida autorización del Estado venezolano.
Ortega Díaz señaló que la empresa que presidía la diputada (Administradora Inmobiliaria Monumental de Maturín C.A) dispuso de los recursos para contratar artistas internacionales, lo cual no estaba presupuestado. También, se adquirieron dólares a través de casas de bolsa a un precio más alto del oficial, por lo que se causó un perjuicio al Estado venezolano.
Asimismo, los impuestos retenidos no fueron declarados al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, y además los dólares fueron depositados en el extranjero, precisó.
Consideró que ante los requerimientos realizados por el Ministerio Público, siempre surgen opiniones acomodaticias. No obstante, dijo que se debe hacer el trabajo que corresponde, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes.
Destacó que hasta ahora no ha escuchado que los hechos señalados por el Ministerio Público no sean ciertos.
Puntualizó que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia fijar la audiencia en el caso para escuchar a las partes.
Al ser consultada respecto a la medida humanitaria requerida por la defensa de Iván Simonovis, quien fue condenado por los hechos ocurridos en abril de 2002, la Fiscal General aclaró que no corresponde al Ministerio Público otorgar dicha medida.
En el Código Orgánico Procesal Penal se contempla que ese tipo de decisiones corresponden a los jueces, específicamente a los Tribunales de Ejecución, instancia que decide sobre dicho requerimiento. Sin embargo, precisó que el Ministerio Público no hará ningún tipo de objeción, de ser consultado en relación con el otorgamiento de esa medida.
Lucha contra la corrupción
Durante la entrevista, la máxima representante del Ministerio Público aprovechó para aseverar que el llamado hecho por el presidente Nicolás Maduro de profundizar la lucha contra la corrupción, debe sumar voluntades, agrupar a los ciudadanos porque es un llamado justo, en beneficio del país.
Ortega Díaz dijo que en el Ministerio Público se ha articulado con el Ejecutivo para actuar inmediatamente frente a cualquier irregularidad.
Dijo que el Ministerio Público reforzó la Unidad Anticorrupción con la Unidad Técnica Financiera, la cual está integrada por expertos que realizan estudios técnicos que permiten determinar si se está frente a la comisión de un delito de corrupción.
