La impunidad financiera

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Planteamientos

Al cumplirse cinco años de la quiebra de Lehman Brothers, por mucho tiempo uno de los símbolos de las finanzas estadounidenses, en medio de la crisis sistémica mundial que causó la explosión de la burbuja especulativa de las inversiones hipotecarias, los estudiosos del tema destacan entre las conclusiones: la persistencia del riesgo y la impunidad financiera.

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Contrariamente a quienes sostienen que la debacle se originó el 15 de septiembre de 2008, como resultado de las medidas dictadas por el gobierno de George W. Bush, a través de la Reserva Federal, en materia de desregulación financiera, se plantea que ese proceso se gesta en el gobierno de Ronald Reagan, en el marco del modelo neoliberal que impone en el decenio de los ochenta y que luego es ratificado y, profundizado, con la legislación aprobada por Bill Clinton.

La solución que se ha propiciado en el ámbito del sistema financiero mundial, cada vez que se produce el consabido “efecto dominó”, es reiterativa en defensa de los intereses de los grandes capitales: el rescate de las instituciones declaradas en quiebra, mediante los fondos que aportan los contribuyentes al Estado, sin que los responsables del fraude y de los delitos financieros hayan sido responsabilizados y pagado condena alguna. Mientras las ganancias se capitalizan, las pérdidas se socializan y la impunidad se torna moneda de curso corriente.

Existe la idea generalizada que la mala praxis profesional es única y exclusiva del mundo de la medicina y este criterio alimenta en cierta medida la comisión de los delitos financieros. Precisamente, la legislación en este ámbito, ha sido demasiado complaciente y, si se quiere, permisiva. Es lógico pensar, y demostrable, además, que si la impericia, el riesgo, la negligencia y la falta de ética, unida al manejo de información sobre falsas expectativas, causan daño patrimonial, es obligatoria la indemnización a las víctimas.

Una de las grandes dificultades que se percibe a escala mundial, principalmente entre los países industrializados que tratan de sortear la crisis adoptando medidas regulatorias más drásticas, de acuerdo con las recomendaciones del G-20, por ejemplo, y de los organismos financieros internacionales, es precisamente la heterogeneidad y la disparidad con respecto a las sanciones previstas en esta materia. Basta pensar solamente en aquellos países denominados “paraísos fiscales”.

A comienzo de este año, uno de los países que hasta ahora ha enfrentado la crisis con mayor solvencia, Alemania, por intermedio del gobierno y su ministro de finanzas, Wolfgang Schäuble, aprobó una ley que regula con mayor rigor, las actividades de bancos y entidades de seguros y prevé sanciones económicas y pena de cárcel, con miras a combatir la impunidad financiera.

En el mes de junio, en medio de la ola de protestas que sacude a España, la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca (PAH), convocó a una marcha para reclamar al gobierno, solicitando justicia y castigo para los responsables de la estafa hipotecaria, y denunciando la impunidad financiera. Pedían que “los integrantes de los consejos de administración de los bancos, causantes de la crisis, fueran llevados ante los tribunales”.

Particularmente, se registran casos de entidades mundialmente reconocidas que han sido demandas por los inversionistas y, en medio del litigio judicial, han acordado compensaciones. Recientemente, el Banco Suizo UBS AG, decidió pagar 120 millones de dólares, acusado de haber manipulado la información y engañado acerca de la condición financiera, precisamente, de Lehman Brothers Holdings, con respecto a la venta de bonos estructurados, pese a que “no admitió haber actuado mal”, según el reporte noticioso.

En medio de lo que hoy se considera la primera recesión a escala globalizada, por sus efectos sobre el PIB mundial, afirma el movimiento Ocupemos Wall Street, que los grandes beneficiarios han sido las cuatro mayores firmas financieras de Estados Unidos y la nueva regulación no ha detenido la impunidad financiera.

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