«Hay quienes dicen, con razón, que todavía no estamos desnudos en materia de producción de derechos humanos, pero yo tengo una visión distinta respecto al tema», expresó la dirigente del partido socialdemócrata Un Nuevo Tiempo, y Diputada al Parlamento Latinoamericano, Venezuela, Delsa Solórzano.
«Si bien es cierto que efectivamente todavía podemos acudir a instancias como el Comité de Derechos de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que todavía somos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hace mucho tiempo que el gobierno de Venezuela decidió que estas instancias no son vinculantes para nosotros», señaló la dirigente.
Afirmó que ya han dado un primer paso, muy grave, que es la denuncia a la Comisión Americana sobre derechos humanos, que es la que contiene la Corte Interamericana. «En mi criterio esto es sumamente grave, porque hay una realidad, la única instancia, jurisdiccional, a las cual los latinoamericanos accedemos, o accedíamos de modo directo, de modo cercano, y hasta natural, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que repito, es la instancia natural por ser latinoamericanos, pero ahora nos mandan para el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas».
Explicó que el sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos está conformado por la Comisión y la Corte: «La Comisión emite opiniones, vinculantes, pero no sentencias. Venezuela no cumple con estas opiniones vinculantes. La Corte, una vez que la comisión dice, efectivamente el estado de Venezuela, Colombia, o el que sea, violó los derechos humanos de los ciudadanos, lo que hace la Comisión es que demanda al estado ante la Corte por violación a los derechos humanos».
Violaciones en Venezuela
En Venezuela son muchos los casos de violaciones de derechos humanos. Rememoró el caso de de Leopoldo López y las juezas que fueron destituidas ilegalmente. «Pero yo prefiero hablar de los casos de los pobres, como el caso del Caracazo, la masacre del Amparo, donde mataron 14 pescadores en el año 88, donde jurisdicción militar absolvió a los asesinos».
Diez años después, cuando salió la última sentencia, los abogados se van a la Corte, y un año después, la Corte condenó a Venezuela. «Entonces, no es verdad que este es el derecho de los oligarcas. Con el Caracazo la Corte condenó a Venezuela, una sentencia bien interesante, porque ordenó, no solamente la indemnización de las víctimas, sino que ordenó al Estado venezolano revisar los mecanismos de represión y de orden público para que nunca más volvieran a ocurrir derechos de represión como los que ocurrieron en el Caracazo. ¿Qué pasó?, Venezuela no hizo nada, y nos siguen reprimiendo de la misma manera brutal. Pero ahora nos reprimen con gases tóxicos, que están prohibidos en nuestra Constitución».
Otro caso fue las desapariciones forzadas del estado Vargas, después de la tragedia, «donde funcionarios del estado, que fueron a resguardar el lugar, desaparecieron forzosamente a varios ciudadanos y la Corte sentenció en protección a esas víctimas, pero Venezuela no cumplió».
También se suma el caso del retén de Catia (noviembre del 92), en la intentona golpista, «donde los custodios le dijeron a los presos que se fueran, que estaban libres por el nuevo gobierno, y cuando salieron, los mataron. Algunos sobreviviente denunciaron los hechos, una cosa gravísima, y en el retén de Catia no habían oligarcas, eran los pobres venezolanos que siguen habiendo hoy».
Habló del caso de la familia Barrios en el estado Aragua, donde mataron a 10 familiares, «la policía los ajustició y la Corte sentenció al Estado. Otro caso bien particular, el de Néstor Uzcátegui, en el estado Falcón, hace dos años la sentencia, donde la policía hizo un allanamiento, pero se confundieron de casa, y entraron sin orden judicial a una casa cualquiera, donde el propietario de la vivienda se opuso y lo mataron, el hermano denunció los hechos».
A ellos están ocho cárceles venezolanas: «Tocorón, La Pica, Sabaneta, Yare 1 y 2, Rodeo 1 y 2 y Cepra de Mérida, tienen medida de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no se cumplen, porque en Venezuela no hay justicia, ninguna cosa que tenga que ver con la justicia se cumple, pero hubo una instancia, jurisdiccional, que se preocupó por esos ciudadanos venezolanos, que indiscutiblemente están siendo víctimas de violación a los derechos humanos y que el Estado venezolano no hace nada para protegerlos».
Ante la salida de Venezuela de la CIDH la ONU se pronunció y varios países de América Latina también, «y nosotros lo hemos instado a través del Parlamento Latinoamericano con nuestros colegas, pero Nicolás es sordo a esto. Pero sí tenemos otras instancias a las cuales acudir, y vamos a seguir acudiendo, porque si lo que pretenden con esto es que nosotros dejemos de denunciar, eso no lo van a lograr, nosotros vamos a seguir denunciando, y vamos a seguir dejando evidencia de todo».
¿Cómo afecta al país?
– Lo grave es que Venezuela está teniendo ciudadanos con una cultura anti democrática. En estos días estaba comprando los útiles de mi chamo, habían varios niños, y uno le dijo a la mamá que pasaran primero, ella le contestó que no se podía porque era ilegal, el niño respondió: «pero si Maduro hace cosas ilegales, ¿por qué nosotros no?». La situación que atraviesa Venezuela es consecuencia de una violencia institucional, que probablemente nosotros como adultos, formados con otra visión de la vida y criterio institucional, no somos vulnerables a eso, pero eso no es la mayoría de nuestra población, lastimosamente; por eso, tienes una violencia institucional que se traduce en todas las áreas, y se traduce en ciudadanos que te digan, «y qué importa que nos salimos de la Corte», algo que es demasiado importante porque hemos perdido una instancia jurisdiccional que defiende nuestros derechos humanos.
– La fiscal Luisa Ortega Díaz declaró que no tiene nada de grave que Venezuela se haya salido de la CIDH, ¿qué dice al respecto?
– La fiscalía mantiene, según sus cifras, 98.5 % de impunidad, esas son cifras oficiales del Ministerio Público, delitos comunes. Y si te vas al índice de impunidad global, es 99.7 %; es decir, casi el 100% de los delitos, uno de cada 100 delitos es castigado por el Ministerio Público, ¿esa es la institución que nos va a defender? o la Defensoría del pueblo, Gabriela del Mar, que está allí para defendernos, no a Nicolás, sino a los venezolanos, pero no ha habido ningún pronunciamiento de ella en favor del pueblo después de haberle quitado una instancia de protección, cosa que por cierto es inconstitucional, porque según nuestro texto constitucional, los derechos humanos son de carácter progresivo, tú no puedes quitar derechos humanos, sino sobres los que tienes puede dar más, pero no quitar. A nosotros nos quitaron un derecho, es una violación constitucional gravísima, y la señora defensora del puesto, literalmente, no dijo nada.
– Ortega también expresó que los que no estén de acuerdo con la decisión, están mostrando desprecio a las instituciones del Estado.
– Quiero decirle a Luisa Ortega que sí desprecio profundamente, no a las instituciones, sino a quienes han convertido nuestras instituciones en organismos de papel, porque acabaron con la institucionalidad de Venezuela. Por eso María Lourdes Afiuni fue puesta en prisión por liberar a un preso político por orden de las Naciones Unidas, eso sucede porque estamos desprotegidos. Que haya una institución como el Ministerio Público que dirige Luisa Ortega Díaz, y que mantenga 99% de impunidad, es una vergüenza, que el tribunal supremo de justicia no tenga ningún magistrado, quizás uno que cumpla con los requisitos de ley para ser magistrado, es una vergüenza, que en nuestro poder judicial casi todos los jueces sean temporales o provisorios, y no hay estabilidad en la carrera judicial, es una vergüenza, que el único requisito que necesitas para ser juez es que vengas de la Universidad Bolivariana y tengas un carnet de PSUV, no lo estoy inventando, es así, es una vergüenza. Que diariamente hay rotación de cargos, donde los mismos tipos sirven para todo, como Izarra que sirve para lo mismo, eso no es tener respeto por las instituciones, porque los venezolanos merecemos gente capacitada en los cargos. ¿Quiénes no respetan las instituciones, nosotros o este régimen que se ha dedicado a destruirlas? . Ellos nos han hecho sentir que todo es lo mismo. Un solo gobierno donde da lo mismo ser poder ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano o electoral, ellos son los que no respetan las instituciones y contra eso es que estamos luchando, porque merecemos un país de instituciones firmes, sólidas, robustas, con gente preparada y capacitada para resolver los problemas de Venezuela.
Sobre las próximas elecciones comentó: «En el país votar es un acto de protesta, donde votan los valientes. Por eso, este pueblo es tan maravilloso, tan valiente, y vamos a volver a votar el 8 de diciembre, porque lo que no vamos hacer es regalarles nuestras alcaldías a Nicolás, eso no lo vamos hacer, aquí vamos a dejar la vida en el proceso electoral».
Manifestó que cada gobierno del mundo que le reciba un cheque a Nicolás, «sepa que ese cheque está manchado con la sombra de la violación de los derechos humanos de los venezolanos, porque las relaciones internacionales no se pueden seguir fundamentando en cuánta plata tienes, y que me importa si el hermano país se está muriendo de hambre, con tal que le paguen sus reales».
