#Especial: La escuela, ¿un centro comunitario? (II de II)

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De forma paralela al inicio de las actividades académicas, quienes hacen vida en los planteles deberán elegir a los integrantes del consejo educativo, establecido en la Resolución 058 del 16 de octubre de 2012.

En distintas oportunidades, el jefe de la Zona Educativa, José Vicente González Camejo, ha reiterado la obligación- necesidad de conformar estas instancias en todas las instituciones, “sus integrantes se deben elegir cada año en todos los planteles oficiales y privados. Los planteles que no lo tengan conformado no podrán funcionar porque se trata de la constitución del poder popular en la escuela que implica la participación de los padres y representantes, de los estudiantes, obreros y personal directivo en la política educativa”, señaló recientemente.

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Hasta la fecha se sabe que la fase de registro iniciará en las próximas semanas con la instalación de una taquilla única en cada municipio y de varias taquillas para agilizar el proceso en Iribarren.

Según González Camejo, en Lara hay 13 planteles que tienen recursos otorgados mediante los consejos federales de gobierno y la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), que no han sido entregados debido a que no tienen sus consejos educativos registrados. El plazo para la conformación de los consejos educativos será hasta la segunda quincena de octubre.

“Son instancias importantes porque permiten la participación protagónica de los obreros, administrativos, padres y representantes y docentes, en el quehacer educativo por ello no creemos que nadie se niegue a conformarlos, además la escuela es el centro comunitario por excelencia de participación protagónica”.

Pero especialistas como el doctor Tulio Ramírez, profesor de la Universidad Central Venezuela (UCV) y presidente de Asamblea de Educación, sostienen que la Resolución 058 busca asegurar que las escuelas sean centros de adoctrinamiento, como suele ocurrir en los regímenes totalitarios.

“En ninguna parte de la Resolución se habla de la calidad de la educación o la sociedad del conocimiento, sino una visión de saberes endógenos y parroquiales”.

A su juicio el sector oficial debe evitar presionar a las comunidades educativas, en especial porque existe un recurso de impugnación interpuesto en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que evidencia la inconstitucionalidad de la Resolución, del que se espera una respuesta. El recurso fue introducido por Cavep y otras organizaciones.

“No deberían forzar la formalización de los consejos educativos que, tal como están concebidos, perturbarán la cotidianidad de las escuelas. Su implementación forzosa en vez de mejorar la actividad escolar, la perturbará”.

Según Ramírez muchos colegios privados se han resistido porque consideran que la sociedad de padres y representantes, figura instaurada en 1984, ha dado sus frutos. “Al sustituir esa figura se altera el funcionamiento, en especial por la injerencia de factores no ligados a las escuelas”.

En su opinión, la sociedad civil tiene músculo para evitar esta imposición, así como se ha impedido en una docena de ocasiones anteriores, y es necesario agotar todas las instancias para revertir la Resolución 058.

También cree que las trabas burocráticas impedirán que se aplique la Resolución y, además, no existen 450 mil comisarios para supervisar a los maestros en todo el país.

Contraviene la misión pedagógica

Leonardo Carvajal, profesor universitario y miembro de Asamblea de Educación, elaboró en octubre de 2012 un análisis puntual de la Resolución 058, en el que destacó los siguientes elementos:

-Maryann Hanson, en octubre del año 2000 fue la autora del Decreto 1.011 que firmó el entonces Ministro Héctor Navarro, para avalar la actuación de unos “supervisores itinerantes” que actuarían como comisarios políticos en las escuelas. En octubre del 2012 nuevamente reincide en lanzar una Resolución, la 058, que atenta esta vez contra la misión pedagógica de la escuela, irrespeta la dignidad profesional de los docentes y directivos y pretende introducir a los activistas políticos del PSUV en la vida escolar.

-La actual ministra de Educación, Maryann Hanson, señala que la 058 pretende introducir la democracia participativa en las escuelas. Pero, se olvidó de la democracia participativa para preparar esta infeliz Resolución porque sólo consultó a 5.000 personas, apenas el 1 por ciento de los 500.000 educadores del país y el cero por ciento de las cuatro millones de familias que tienen hijos en el sistema educativo.

-La Resolución 058 pretende añadir muchas misiones y funciones extras a la misión pedagógica de las escuelas y liceos. Así como la misión de la vinotinto es hacer goles y la de una panadería es hacer panes, la misión pedagógica de los planteles es formar, en conocimientos de las distintas ciencias y en valores morales y ciudadanos, a las nuevas generaciones. El artículo 5 de la Resolución 058 coloca, en cambio, a “la comunidad como centro del quehacer educativo”. A partir de esa enorme exageración y desviación, se introducen en la vida escolar variados comités para involucrar a la escuela como actora en distintos problemas comunitarios. Es el modelo de la “escuela todera”. El problema reside en que la escuela, desde hace un cuarto de siglo, ha disminuido su calidad pedagógica. Si ahora se le colocan nuevas y no pertinentes tareas, se debilitará más la formación de nuestros niños y jóvenes.

-La Resolución 058 irrespeta la profesión de los docentes. Crea un modelo asambleístico de múltiples comités y consejos, voceros de los comités y asambleas ordinarias y extraordinarias que enredarían la gerencia escolar. Enfatiza el Ministerio el propósito de disminuir la autoridad y el liderazgo de los directivos de cada plantel, pues en al artículo 7 señalan que “la directiva de la institución educativa tiene un solo voto en el proceso de decisión”, en medio de una aglomeración confusa de comités y consejos estudiantiles, de padres, de docentes, de obreros, de empleados, de miembros de consejos comunales.

-El Gobierno Nacional quiere implantar el inconstitucional “Estado Comunal”, arrebatándole sus competencias a las gobernaciones y alcaldías, pero también a todo tipo de organización o institución social. La Resolución 058 abre la puerta de las escuelas para que ingresen unos personajes, activistas políticos del PSUV, en los distintos comités que ella crea. Esto implicaría convertir la vida escolar en un espacio netamente político, lo cual es un acto innoble contra nuestros estudiantes que contraviene el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación del 2009.

-Cada quien debe leer la Resolución 058 y discutirla con padres y docentes. Invito a que sigamos los dictados de nuestra conciencia porque el bravo pueblo venezolano, desde la época colonial, cuando rechazaba leyes emanadas desde lo alto de la monarquía se acostumbró a aplicar aquello de “se acata pero no se cumple”. La Ministra debe suspender la aplicación de tan inconveniente Resolución y abrir de verdad una discusión democrática con todos.

Sin embargo, en la página web oficial del Ministerio Educación se encuentra disponible un enlace con las bondades y beneficios de la Resolución, que puede ser consultado por cualquier persona interesada.

Alexis Ramírez, coordinador de Fenasopadres, dice que la posición de la organización frente a los consejos educativos es clara: “consideramos que la norma viola los derechos de la comunidad educativa, no fue consultada y atenta contra libertad, contra el derecho, asociación y participación, además que contiene funciones propias de ministerios, alcaldías y gobiernos estadales. Para nosotros representa una cortina de humo que les permite eludir la responsabilidad por el desastre del sistema educativo venezolano”.

Vistazo gremial

Los gremios y sindicatos que agrupan a los docentes del país y de la región también tienen sus opiniones del quehacer educativo, así como expectativas desde el punto de vista laboral y económico que cobran fuerza con el inicio de las actividades.

Manuel Galíndez, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Venezolana (Fenatev), aseguró que el salario de los trabajadores del sector oscila entre los 2.500 y 3.500 bolívares, lo cual hace que su situación sea difícil y precaria debido a la inflación y el costo de la canasta básica.

En materia de infraestructura dijo que el 16 de septiembre los sindicatos locales iniciarán una valoración objetiva de la situación de los planteles, sin embargo puntualizó que al cierre del año escolar pasado el 70% de las instituciones tenían problemas de planta física. “Esperamos que el período vacacional haya sido aprovechado para solventar los inconvenientes”.

Por su parte, Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores- Lara, añadió que los docentes tenían la esperanza de iniciar actividades en sana paz, debido a un incremento salarial justo dado por la firma de la VI Convención Colectiva, “pero no será así”.

“Nuestra sorpresa fue grande al constatar que apenas la semana pasada se instaló una comisión ante la Inspectoría del Trabajo para la discusión de la convención, hecho que originará un retraso, pese a que existe el consenso de las 9 federaciones educativas”.

Destacó que en julio introdujeron un documento reivindicativo ante la Zona Educativa, que no ha sido respondido por José Vicente González Camejo. “Allí se hacían planteamientos de traslados, primas de ajuste de maestría y doctorado, clasificaciones, titularidad de los cargos, así como de las jubilaciones pendientes desde el 2010 y el pago de las prestaciones sociales desde 2006”.

A su juicio, desde el punto de vista gremial hay mucha incertidumbre porque llevan tres años sin recibir aumento salarial. Rechazó la acusación de burocracia sindical que hizo el jefe de Zona, quien señaló a los sindicatos como responsables del retraso en la firma de la convención colectiva.

“El profesor González Camejo, expresidente del Colegio de Profesores y exdirectivo nacional de Fenaprodo, conoce y sabe cómo es la situación gremial, él era de los que si no cancelaban hoy al día siguiente paralizaba las clases; nos extraña su posición porque aquí el golpeado es el trabajador y ya existe un acuerdo político, académico y sindical para agilizar el aumento”.

En tanto, Javier Ramírez, secretario de Bienestar Social del CPV, muestra preocupación por la falta de especialistas en los liceos. “El ministerio ha dicho que dictará un curso de 4 meses a los docentes integrales, para que dicten las especialidades de matemática, física, química, biología, algo que nos parece una aberración que coloca en riesgo la preparación de los futuros bachilleres”.

Colegios  estancados

Los colegios privados se encuentran a la espera de la publicación del porcentaje permitido de aumento de matrícula para el año escolar 2013- 2014. Al cierre del año escolar pasado se llevaron a cabo las inscripciones basadas en el 10% establecido en ese período.

Erlinda Harliep, presidenta de la Asociación Larense de Educación Privada (Alep), reitera que el funcionamiento de los colegios depende de apoyo de los padres y representantes. “Los colegios solo cuentan con los padres para continuar con el desarrollo de los programas educativos”.

Recordó que en Lara existen planteles con presupuestos cuyo incremento está en función de 30 o 40 por ciento, los cuales están a la espera de la visita de Indepabis, cuyo mecanismo de supervisión se desconoce hasta la fecha.

 

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