El autoritario militarista y corrupto régimen que orientado por la dictadura Castro-Comunismo de Cuba nos desgobierna, desde el martes 10, pregona que ya no tiene “obligación de responder por violaciones que cometa contra sus ciudadanos”, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Ese día formalizó retiro de este Tribunal.
Tal decisión infractora de la Carta Magna, fue en rechazo a sentencia que declaró al Estado culpable de violación del derecho a integridad física, y por tratos inhumanos durante la detención en 2004 de Raúl Díaz Peña, acusado de terrorista por el régimen. Previamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), había determinado esas agresiones.
Cuando anunció su auto exclusión, la CorteIDH había dictado 17 sentencias (9 entre 2006 y 2011). Entre ellas figura la de sucesivos asesinatos de diez miembros de la familia Barrios, por la Policía en la población de Guanayán, del Sur de Aragua. La impunidad protege a los criminales que andan libres y quienes quedan de la humilde familia siguen corriendo riesgo.
Según El Nacional, se establecieron indemnizaciones por $ 9.771.998,95 en beneficio de 268 víctimas.
También el máximo Tribunal ha dictado medidas cautelares que el régimen ha desacatado. Reseña del periodista Edgar López en el citado diario, informa que por incumplimiento de últimas medidas a favor de reclusos de centros penitenciarios, hasta junio 2013, un total de 911 presos han muerto y 1.872 heridos.
Pendientes están la audiencia oral y pública del caso Marcel Granier, de la clausurada Radio Caracas Tv; y fallo del constitucionalista Allan Brewer Carías, acusado de conspirador.
En el “proceso revolucionario” unas cien denuncias son atendidas por CIDH, que tiene a Venezuela en lista negra y ha dictado 30 medidas cautelares, algunas parcialmente acatadas.
A inicios de este mes recibió respectivas demandas interpuestas por abogado Adolfo Márquez López, contra sumisos Tribunal Supremo de Justicia y Consejo Electoral, a los cuales se imputa violación del debido proceso, el primero; y proclamación del deslegitimado Nicolás Maduro, sin exigirle partida que pruebe que es venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad, el otro.
Examen Periódico Universal de la ONU hizo 148 recomendaciones, entre las aceptadas destacan la disposición a ratificar pactos internacionales.
Al mes del aviso de abandono de Corte IDH, el régimen aceptó integrar y dice que presidirá el Consejo de Derechos Humanos de ONU, institución para la cual el retiro puede tener impacto muy negativo en situación de derechos fundamentales.
Pero invocando al difunto comandante rechaza reconsiderar aislamiento de la que junto con CIDH califica de «brazo del imperio para agredir».
«¿Pa’ qué? No vale la pena, es una mafia lo que hay ahí».
No obstante la deplorable posición adoptada, cierto es que legalmente la Corte-IDH, sigue procesando casos interpuestos contra el Estado, sin que este pueda evadir responsabilidad.
NOTA AL MARGEN: hacer mutis sobre la nacionalidad de Nicolás Maduro, es consolidar el mando del Castrismo Cubano en nuestro país.
Con voz propia – Para qué derechos humanos
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