El Ministerio Público apuesta al éxito de la Misión A Toda Vida Venezuela y de las Casas de Justicia», aseguró este martes la titular de esa institución, Luisa Ortega Díaz.
En el marco del acto de instalación de una actividad que denominaron I Jornada Nacional de Gestión Social del Ministerio Público, la funcionaria aseguró que poner en marcha estos proyectos es fundamental la coordinación de todos las instituciones que conforman el sistema de administración de justicia.
«Para lograr la municipalización de la justicia deben deben articular políticas varios organismos como el Poder Judicial, la Policía Nacional Bolivariana, los cuerpos de investigaciones y la Defensa Pública. Esto creará una cultura dentro de ese municipio porque existen muchos delitos que la gente no denuncia, debido a que sienten que no reciben atención y con la municipalización de la justicia la gente se sentirá motivada a denunciar porque todos los casos tendrán una respuesta efectiva», aseguró Ortega Díaz.
Así mismo, la fiscal general adelantó que los tribunales municipales entrarán en funcionamiento en enero del próximo año, fecha que no había sido determinada la semana pasada cuando la presidenta del Poder Judicial, Luisa Estella Morales, se reunió con el ministro del Interior y los presidentes de los circuitos penales de todos los estados del país, para definir detalles.
Cabe recordar, estas «casas de justicia» procesarán delitos «menos graves» o los que generan penas no superiores a 8 años de prisión, rango en el que se encuentran los delitos de robo, hurto y otros contra la propiedad. Esta disposición esta contenida en la reforma del Código Orgánico Procesal Penal que fue promulgada a través de un decreto-ley del presidente Hugo Chávez, durante los últimos de vigencia de la Ley Habilitante.
Este enfoque de administración de justicia, que estará a cargo de una cohorte de jueces «nuevos» seleccionados de entre los egresados de la Universidad Bolivariana, permitirá el fortalecimiento de las medidas alternativas a la privación de libertad, tales como la suspensión condicional del proceso, los acuerdos reparatorios y la admisión de los hechos, indicó Ortega.
Problema social
La nueva estructura judicial también forma parte del tercer vértice de la misión anunciada por el Ejecutivo, para dar respuesta «multiestructural» al problema de la inseguridad, cuya gravedad ya admitió el jefe de Estado, aunque sin reconocer responsabilidad alguna.
En esta tónica, la titular de la vindicta pública consideró que la negativa realidad obedece a un factor demográfico que ahora debe abordar el aparato del Estado.
«Venezuela ha experimentado un crecimiento demográfico significativo, lo que ha influido en el aspecto social, y, por lo tanto, el Estado tiene que redimensionar lo que es el sistema de justicia, como uno de los servicios públicos más importantes que se presta a la población venezolana», dijo Ortega.
Finalmente, resaltó que «todos estos esfuerzos van orientados a acercar la justicia al pueblo porque detrás de todo hecho punible existe un profundo conflicto social y, en consecuencia, la justicia está donde se encuentra la gente».
Foto: William Toledo
