Al quedar Venezuela fuera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuestro país se convierte en un Estado forajido.
Al hacer la afirmación el Dr. Rafael Simón Jiménez, quien dirige la organización “La Constitución es el camino”, indica que el gobierno pretende de esa forma que no sean tomadas en cuenta las violaciones a los Derechos Humanos de los venezolanos.
Sencillamente, el gobierno quiere librarse de cualquier escrutinio internacional-sentencia.
La decisión de abandonar la Corte fue tomada por Hugo Chávez, explica, porque el Estado había incurrido en serias violaciones y la Corte lo había obligado a cumplir las sanciones aplicadas.
Nicolás Maduro, fiel a la forma de pensar de su predecesor, no hizo nada para evitar que continuara la denuncia al mencionado organismo y ya vemos lo que está pasando.
Medidas con preferencia
-¿Se violenta la Constitución?
-Evidentemente. La Constitución venezolana de 1999, aprobada por la mayoría que tuvo el presidente de la República en la Asamblea Nacional, estableció que la decisión de los organismos internacionales, como la mencionada instancia, tenía carácter de aplicación directa y preferente en la jurisdicción interna; es decir, que todas las decisiones de la Corte tenían que ser acatadas obligatoriamente.
De igual forma al tener preferencia en el orden interno no se necesitaba de ningún requisito para su ejecución en la República.
-¿Por qué el gobierno de Chávez decidió descaradamente violentar la Constitución al separarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
-La decisión la toma cuando se comienzan a producir algunas decisiones, que evidentemente, no satisfacen al gobierno.
Sanciones contra Venezuela
-¿Cuántas decisiones se han producido contra Venezuela?
-Catorce sentencias, ninguna de las cuales ha sido cumplida. En esas decisiones se obliga al Estado venezolano a determinadas prestaciones o conductas, pero el Estado se ha negado reiteradamente a cumplir.
-¿Cuál es el caso de mayor relevancia?
-La reincorporación de los magistrados destituidos de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo:
Perkin Rocha, Juan Carlos Apitz y María Elena Ruggiero. A partir de allí el Estado venezolano se negó a cumplir todas las decisiones que se han producido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede está en San José de Costa Rica
-¿Cómo podría explicarse ese desconocimiento?
-No se puede explicar, porque al Estado se le han dado amplias garantías y ha tenido representación tanto en la Comisión como en la Corte, además de agentes de la República. Por ejemplo, el Dr. Germán Saltrón es el abogado que se encarga de gestionar los asuntos del Estado venezolano ante esa instancia.
La negativa del gobierno
-¿Cómo se puede comprender que después de hablar tanto el gobierno de Derechos Humanos busque alguna excusa para no cumplir con una disposición contenida en la Constitución?
-El gobierno desde hace tiempo ha sostenido el argumento de que la Comisión y la Corte son instancias prejuiciadas o con una idea contraria a las políticas, medidas y orientación del gobierno venezolano.
Además, otra cosa importante, se ha negado a cumplir las medidas provisorias o cautelares dictadas por la Comisión. Han sido medidas de protección y de aseguramiento.
En este sentido hay que referirse a casos de comunicadores sociales y algunos medios de comunicación, que tienen medidas cautelares. Esto quiere decir que el Estado se debe comprometer a salvaguardar la integridad física y garantizar el acceso al trabajo de los comunicadores sociales, así como de numerosas personas.
El Estado, al no cumplir sus obligaciones, denunció el Pacto de San José y tenía un lapso de cinco años para concretar la medida.
Lo que se está venciendo ahora es precisamente el lapso que se requiere para que un Estado se salga de un organismo interamericano.
Algo parecido a lo que pasó cuando Venezuela se salió de la Comunidad Andina. El gobierno hace el anuncio del denuncio y transcurre un tiempo de espera, durante el cual el Estado se mantiene sometido a las normativas.
Invocación tiránica
-¿Cuál es la finalidad de esa separación de un organismo al cual estaba obligado el Estado venezolano a dar cumplimiento a las sentencias que se tomaran en determinado momento?
-En el fondo, el Estado venezolano lo que pretende es no ser inspeccionado, ni estar sometido a ninguna instancia internacional, invocando un principio que hoy en día solamente lo sostienen: la no ingerencia o de soberanía.
Este principio tiene que estar vinculado en el orden interno al principio democrático. Por ejemplo, cada vez que se toman medidas contra la dictadura cubana o contra otras dictaduras en el mundo, siempre se invoca el principio de la autodeterminación de los pueblos.
Entonces, uno se pregunta:
¿Cómo se puede autodeterminar el pueblo de Cuba que tiene más de medio siglo sometido a una de las más crueles y férreas dictaduras que aún existen en el mundo? Ese principio de no ingerencia y el de autodeterminación tienen que estar vinculados a que los pueblos tengan derecho de soberanía, a través de la participación y el voto.
Los Derechos Humanos son por su naturaleza, porque afectan la dignidad del ser humano, de carácter universal y, desde luego, constituye un patrimonio, motivo por el cual ningún Estado se puede amparar en su soberanía, en su espacio territorial, para violarlos, expone el Dr. Jiménez.
En el fondo, el gobierno de Chávez continuado por Maduro, quien nada ha hecho por remediar la situación sino que por el contrario, la ha impulsado, quiere liberarse de cualquier escrutinio internacional y negarse, como se ha negado, a cumplir las sentencias recibidas.
