El 10 de septiembre de 2012, el gobierno del presidente Hugo Chávez formalizó los trámites para denunciar al sistema de protección de los Derechos Humanos, contemplado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El documento fundamental, cuyo brazo orgánico se expresa en la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece un lapso de un año para que la denuncia se materialice, de manera que hasta la semana que viene el Estado venezolano tendrá la obligación de responder por las violaciones que comenta contra sus ciudadanos. Después, quedarán condenados a chocar contra un muro de impunidad en relación con los hechos que ocurran después del retiro definitivo.
Múltiples críticas, advertencias y llamados a la sensatez del Gobierno levantó la medida en su momento, incluyendo de parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), que el pasado mes de abril instó oficialmente a Venezuela a reconsiderar. Ahora, a punto de concretarse el aterrador escenario de soledad de la víctima, esas voces arrecian al alertar sobre la inminencia de que la verdadera faz del régimen socialista, quede al descubierto.
Es un fraude a los venezolanos
Liliana Ortega, presidenta de Cofavic, responsable en gran medida de la sentencia histórica que condenó al Estado venezolano por el caso de El Caracazo, consideró que el comportamiento de quienes hoy ejercen el poder político es una estafa a la sociedad civil, que en definitiva es la que sufre los embates del abuso de poder y el objeto de la protección tutelar.
Lamentó que la reducción de espacios de justicia denota un mensaje claro y contundente: impunidad.
«Es un fraude a la sociedad venezolana. En Venezuela, según cifras oficiales, apenas el 3% de los casos, incluyendo los de violaciones a los derechos humanos, llegan a sentarse frente a un juez. Sólo el 3% de las víctimas logran ser escuchadas por un juez, y el resto de los casos terminan siendo sobreseídos o archivados», resaltó Liliana Ortega.
Agregó que frente a este escenario, «la reducción de tutela, de las esfera de protección que ofrecen los sistemas internacionales de derechos humanos es un duro golpe para la sociedad democrática».
El golpe no discrimina
«Podría pensarse que la decisión tomada por Hugo Chávez no afecta a determinados sectores políticos que piensan que pueden no necesitar de la protección de los órganos internacionales, pero el poder es tremendamente circunstancial, y una opción de justicia no debe ser negociada bajo ninguna circunstancia, porque el poder acudir a la Corte-IDH es una opción de justicia para todos los venezolanos, independientemente de su ideología, clase social, creencias religiosas, etc.», consideró la defensora.
«Quienes están en el poder no pueden creer que lo estarán toda la vida, por lo tanto la posibilidad de que exista un control del poder y una protección de los individuos frente al abuso, yo creo que nos conviene a todos por igual», manifestó.
-¿Cual es el alcance de la actividad del Sistema Interamericano de justicia?
-Para que la gente pueda tener una idea del alcance del Sistema Interamericano, la única sentencia que hay sobre los hechos del Caracazo en el mundo, la dictó la Corte Interamericana. No ha habido un juez venezolano en 25 años que se haya atrevido a dictar una sentencia condenatoria sobre los hechos del Caracazo.
La Corte Interamericana es tal vez una de las más importantes cuya jurisprudencia es citada en la corte judicial europea, en distintos foros jurisdiccionales, su doctrina y opiniones consultivas han abierto caminos en materia de DDHH. Históricamente el sistema interamericano fue un muro de contención para las dictaduras del Cono Sur, para la guerra en Centroamérica, defendiendo a distintas víctimas, especialmente de los sectores más desfavorecidos de las sociedades de América Latina. Por ello, todos deberíamos sentirnos dolientes de esta gravísima decisión.
-¿Qué señales envía el Gobierno venezolano con esta decisión?
-Creo que este es un error materializado de muy mal consejo para el gobierno nacional, porque la señal que se está dando a la comunidad internacional democrática es una señal de desprecio a los principios y los estándares más importantes de Derechos Humanos. Darle la espalda a un sistema tan reconocido como el sistema interamericano, es un muy mal signo.
Resaltador
Por otro lado, la defensora de los Derechos Humanos con incontables intervenciones ante el tribunal que hoy reniega la República, expresó su creencia en que lejos de lavar su rostro ante los reiterados desacatos eliminando la obligación, le salga el tiro por la culata al infractor, atrayendo la atención del mundo.
«Ojalá el gobierno nacional pueda reflexionar sobre las graves consecuencias políticas que va a tener en este caso, porque cuando un Estado se aparta de un órgano internacional denunciando a un pacto histórico, como es el Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos, lo que hace es pasarle resaltador a su situación», subrayó Ortega.
«Hace es que se activen las alarmas de la preocupación internacional sobre determinados hechos, porque llama poderosamente la atención que un estado democrático denuncie un instrumento tan importante», agregó sobre este punto.
Por los momentos, la atención de quienes se dedican a representar a los ciudadanos de todo el continente ya esta centrada en Venezuela.
«Hay una conmoción en la comunidad de ong´s de América Latina frente a una decisión, que es totalmente impresentable, inexplicable, que no tiene asidero y que lo que hace es socavar y debilitar a los derechos humanos de todos los venezolanos, sin excepción.
El gobierno la debe y la teme
Gonzalo Himiob, el abogado penalista, defensor de Derechos Humanos y miembro de la organización civil Foro Penal Venezolano, recordó que la medida «unilateral» tomada por el Estado es absolutamente inconstitucional porque contraría preceptos inmodificables establecidos allí.
«El artículo 19 de nuestra Carta Magna dice que uno de los principios que rige la materia de los derechos humanos es precisamente la progresividad, lo que significa que en materia de resguardo y protección siempre se va hacia adelante, nunca se retrocede», señaló.
«Ya la misma Constitución nos dice que los tratados que hayan sido suscritos y ratificados por Venezuela son parte de nuestra legislación. Por ello es un retroceso, una postura del Estado que lo que denota es que en materia de DDHH su desempeño ha sido muy deficiente, y demuestra que la debe y, en consecuencia, la teme», resaltó Himiob.
Por otro lado, el jurista hizo hincapié en que la materialización del retiro de Venezuela de la lista de Estados sujetos al arbitrio de la Corte no implica impunidad sobre las violaciones cometidas hasta entonces. Por los sucesos registrados hasta el 10 de septiembre el gobierno deberá afrontar su responsabilidad.
«Esto no impide que las responsabilidades que el Estado venezolano haya asumido en relación a sucesos que tuvieron lugar antes de la salida definitiva del sistema, incluso si no han sido denunciados, vaya a quedar impune», explicó el abogado.
«El artículo 78 de la Convención es bastante claro en esto: aunque te retires de la Convención y de la Corte-IDH, todo lo que hayas hecho antes de la salida formal sigue siendo objeto de la competencia de estas instancias, de manera tal que todos los casos interpuestos contra el Estado ante estos organismos siguen allí y no existe posibilidad alguna de que el Estado pueda evadir su responsabilidad», resaltó.
Esto incluye, por ejemplo, todo las denuncias sobre excesos de los cuerpos de seguridad del Estado en la represión de protestas ocurridas entre el 15 y 16 de abril pasados, y las violaciones a los derechos fundamentales de de casi 200 personas detenidas, 71 de ellas en el estado Lara. Este expediente fue presentado por el Foro Penal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano que podría demandar a Venezuela y, de ser establecida su responsabilidad, el Estado tendrá que aceptarla.
