Su respaldo a la propuesta del Gobierno de reformar la Ley de Ilícitos Cambiarios, así como también la implementación de un mecanismo que abra la participación de nuevos flujos financieros al país para agilizar el sistema cambiario, ofreció la Federación de la Pequeña y Mediana Industria (Fedeindustria), en la persona de su presidente, Miguel Pérez Abad.
Asegura el dirigente empresarial que la Ley tuvo su momento político, había necesidades presentes en el momento que se legisló esta materia, los escenarios han variado y la sola activación del mecanismo de subasta exige unas nuevas condiciones.
Admite que la carga sobre el Estado venezolano, como proveedor de divisas, es grande y se requiere la posibilidad de que actores económicos privados, empresas de capital o transnacionales ingresen para alimentar el sistema cambiario, pero la normativa legal no lo permite. Sin embargo, es del criterio de que el control de cambio no se puede desmontar.
Está convencido de que el mercado paralelo, es un factor que distorsiona el tema cambiario y es necesario atenderlo, para no generar una tasa marcadora de reposición de inventarios. Sostiene asimismo que esta distorsión tiene efectos nocivos porque acelera la inflación.
Advierte que desde la pequeña y mediana industria, siempre han propuesto la orientación de un control cambiario, revisando permanentemente las condiciones de funcionamiento o la eficiencia en el uso de las divisas, estimando que por allí pueden venir ajustes para el apalancamiento de la industria nacional, para la importación de insumos de materias primas y bienes de capital y para aquellos artículos que no se produzcan en el país.
