Con la Ley Anticorrupción y el Código Penal, ambas normativas legales vigentes en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro no necesita que la Asamblea Nacional le aprueba una Ley Habilitante, ya que para combatir este tipo de delito en el país le basta aplicar esos dos instrumentos jurídicos, sin contemplación alguna.
Así lo determinó el abogado constitucionalista Joel Rodríguez Ramos, y explicó que una Ley Habilitante es necesaria cuando existe un caso excepcional en un Estado, tal como lo establece la Constitución, pero la Asamblea Nacional, que tiene la potestad para legislar, no puede sancionar este instrumento a cada rato, como lo viene haciendo durante estos catorce años de gestión oficialista.
Vaticinó que maduro pretende con la Habilitante ir contra alcaldes, gobernadores y dirigentes de la oposición.
Recordó que la última Ley Habilitante se la aprobaron al presidente Hugo Chávez en los últimos meses de la anterior Asamblea Nacional, como una excusa por el tema de las lluvias, pero con la misma, sin estar facultado, reformó la Ley Orgánica del Trabajo, la cual resultó un fraude.
Señaló que ahora Maduro le insiste a la Asamblea Nacional que le conceda la Habilitante, no obstante, son los propios personeros del gobierno quienes a cada instante violan la Ley Anticorrupción y el Código Penal en esta materia que le ha hecho tanto daño a la nación.
Puntualizó que si Maduro realmente quiere erradicar este flagelo lo único que debe hacer es designar gente de su entorno honesta y capaz que pongan en práctica las leyes antes citadas.
Dijo que el problema es de voluntad política por parte del gobierno, ya que no han investigado casos como el de Antonini Wilson, el incendio del Complejo Refinador Amuay y la descomposición de varias toneladas de alimentos de Pdval en Puerto Cabello, por citar algunos hechos que han causado conmoción nacional e internacional.
Expuso que la oposición ha insistido en la averiguación de estos casos y no le prestan atención, por el contrario, a la diputada María Corina Machado amenazan con allanarle la inmunidad parlamentaria por atreverse a decir que se sancione a los corruptos.
Acotó que el gobierno además se ha negado a discutir y a que se le investigue por la regaladera de dinero a Cuba, Bolivia, Ecuador, así como por la compra de la deuda pública a Argentina, y por el manejo de los recursos del Fonden, sin rendirle cuentas al pueblo.
Adujo que se ha quedado callado en averiguar las presuntas irregularidades cometidas en Corpoelec por Argenis Chávez, hermano del fallecido presidente Chávez, sino que lo nombran director general de la Magistratura, sin ser abogado.
