Los problemas que afectan al país y sus instituciones, deben investigarse a través de los organismos públicos destinados para ello, por supuesto con la presencia de la pluralidad política de la nación, porque sino las pesquisas carecerían de legitimidad, aseguró el diputado de la Asamblea Nacional, Edgard Zambrano.
Criticó que el objetivo principal del gobierno sea castigar abiertamente la disidencia política, sin importar, los efectos que esta situación pudiera tener en el país.
“Todo acto al margen de la ley, sea cual sea el caso y su connotación frente a la justicia, debe ser investigado sin ningún tipo de cortapisas, más aún aquellos en los que los intereses del Estado, sus arcas públicas y la seguridad nacional estén en riesgo ante el avance de estos hechos nocivos para la salud democrática”, señaló.
El parlamentario por el estado Lara, indicó que para combatir la corrupción, también se debe investigar casos en los cuales factores externos al país se presentan como protagonistas de hechos que perjudican la nación, con su consiguiente vulneración de autonomía, independencia y autodeterminación.
Indicó que de existir elementos de convicción serios y responsables para algunos señalamientos que ha realizado el Ministro de Relaciones Interiores, sobre corrupción e inclusive sobre planes de magnicidio, no debe evadirse su abordaje para establecer responsabilidades e impedir su avance.
“Tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo, por mandato de la Carta Magna dentro del deber ser marcado por el librito de la acción política, tienen las vías expeditas para asumir el conocimiento de actos punibles, por lo cual no hay excusas para dejar de actuar si existe disposición para hacerlo”, sentenció.
Asimismo el jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática, recordó que el parlamento puede investigar a través de sus comisiones, bien sean las permanentes o las creadas especialmente en el seno de su plenaria con determinado objetivo, y el gobierno cuenta con las organizaciones que directa o indirectamente están bajo su tutela, como los organismos de seguridad del Estado, incluyendo a las policías científica y política.
Zambrano considera que el clima político actual le brinda al país la posibilidad de que los poderes llenen el vacío que han dejado en sus funciones vitales.
“De manera inapropiada, se busca el abordaje de caminos poco ortodoxos para pretender darle eficiencia a las acciones del Estado, repetir la historia de la habilitante cuando en el ejercicio del expresidente Hugo Chávez, habilitado en cuatro oportunidades, no le permitió corregir los elementos que hoy se aducen para sustentarla, lo que sin duda alguna implica de manera directa o indirecta un castigo a su gestión”, dijo.
Afirmó que no se ha permitido la administración de la permanente denuncia formulada por los sectores de la oposición que perfectamente pueden coadyuvar a corregir y fijar posiciones, no solamente desde el punto de vista de la función contralora, y el debate tanto en plenaria como en comisiones y subcomisiones, “sino también en la materia legislativa donde se consolida el proceso de formación de leyes para establecer la seguridad jurídica».
