La ley habilitante

Mucha gente me pregunta si otorgarle una ley habilitante al señor Maduro, como lo está solicitando, es pertinente o no. La habilitación sería, supuestamente, para luchar contra la corrupción. Veamos varios aspectos del asunto. La facultad de legislar es una atribución que corresponde al Poder Legislativo. Esa es su función propia y fundamental. En el Derecho Constitucional moderno se ha venido abriendo paso la idea de la delegación de esa facultad al Poder Ejecutivo, cuando por su urgencia, algunos casos deban ser regulados con celeridad y debaobviarse las largas discusiones parlamentarias. Pero esa delegación debe ser absolutamente excepcional. Yo perdí la cuenta del número de veces que nuestro Parlamento, en los últimos 14 años, delegó en el Presidente de la República la facultad legislativa, lo que en la práctica ha constituido una burla de las funciones legislativas del Parlamento.
Uno de los aspectos más controvertidos de la Constitución de 1999, fue haber ampliado la posibilidad de la delegación legislativa del Parlamento al Poder Ejecutivo a todas las materias del quehacer nacional. En la Constitución de 1961, la habilitación o el otorgamiento de poderes extraordinarios al Presidente, como entonces se decía, sólo era posible en materia económica o financiera y cuando lo requiriera el interés público. Así lo establecía el Ordinal 8 del Artículo 190 de aquella Constitución. No sé cuál fue la razón que tuvo el constituyente de 1999, para no haber limitado a la materia económica o financiera la habilitación presidencial, lo que ha convertido al Presidente, cuando es habilitado, en el gran legislador en cualquier área de la vida social. Esta ha sido una de las decisiones más lamentables en nuestra historia constitucional y ha traído graves consecuencias a nuestro ordenamiento jurídico, entre otras, haber sido dictado en buena medida, a través de decretos-leyes, sin las consultas ni discusiones necesarias. La última ley habilitante, por ejemplo, se le concedió al presidente Chávez en las postrimerías del anterior período legislativo y cuando ya estaba electa la actual Asamblea Nacional, todo para obviar la aprobación con mayoría calificada de la nueva Asamblea Nacional, una vez que ya estuviera instalada y no requerir así, Los votos de la oposición para completar las tres quintas partes que exige el Artículo 203 de la Carta Magna.
Por esa misma razón, por necesitar los votos de los diputados opositores, el régimen no quiere designar los nuevos rectores del CNE, no quiere designar los nuevos magistrados del TSJ, no quiere designar al nuevo Contralor de la República, cuyo anterior titular falleció hace tres años. Ahora el gobierno le pide una ley habilitante a la Asamblea Nacional, para modificar las leyes que castigan la corrupción. El mismo régimen que viola esas leyes de la manera más descarada, pide ley habilitante para aumentar las penas que esas leyes imponen. ¿Quién le cree a Maduro? Esa ley habilitante pudiera justificarse y se creería en la sinceridad del planteamiento presidencial, si el gobierno aceptara discutir en el Parlamento los casos de Antonini Wilson, las acusaciones numerosas contra Diosdado Cabello, los alimentos podridos de Pdval, las viviendas en mal estado entregadas a los damnificados, si aceptara la interpelación de los ministros de la economía que han conducido al país a la más bestial inflación y desabastecimiento que se recuerde y sobre todo si dejare de violar la Constitución Nacional en forma reiterada y sin rubor como lo ha venido haciendo y si dejara de violar el Artículo 68 de la Ley contra la Corrupción que establece que “el funcionario público que abusando de sus funciones, utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político, será sancionado con prisión de un (1) año a tres (3) años.” Ahí tiene una disposición legal que el régimen puede comenzar a cumplir y demostrar su sinceridad. Escribiendo estas notas me llega la noticia del proyectado allanamiento de la inmunidad parlamentaria de la diputado María Corina Machado por, presuntamente, haber contribuido al sabotaje a las instalaciones de la refinería de Amuay. No olvidemos que María Corina Machado, en nombre de la alternativa democrática, propuso el año pasado un debate y una investigación, en el seno de la Asamblea Nacional, precisamente sobre el incendio de Amuay y la bancada oficialista negó tanto el debate como la investigación. No tengo duda que la verdadera intención del régimen es hacer demagogia instrumentalizando la lucha contra la corrupción. Pagarán por esto también.