La Fundación para el Desarrollo Humano en Armonía con el Medio Ambiente (Fundehama), insta a las autoridades correspondientes como la Fiscalía General de la República a establecer responsabilidades por los 46 venezolanos que perdieron la vida y sobre el daño causado a la atmósfera, los suelos, la flora, la fauna y demás elementos naturales como consecuencia de la emanación de gases “altamente tóxicos y sustancias químicas contaminantes” al quemarse tres tanques de petróleo en la refinería de Amuay, del estado Falcón, la madrugada del 25 de agosto del 2012.
El presidente de Fundehama, José Ríos Lugo, señala que “hay suficientes indicios que permiten pensar que hubo negligencia o falta de prevención de los funcionarios de Pdvsa, entre ellos, su presidente Rafael Ramírez, que conllevaron a que ocurriera un accidente que era inminente, dado los informes de los técnicos, las denuncias de los trabajadores de la industria petrolera y de las comunidades de la zona sobre la fuga de gas y en referencia a la omisión o postergación de las paradas obligatorias, conforme a las normas técnicas y estándares internacionales de previsión y seguridad, a que se hace referencia en la Memoria y Cuenta del Ministerios de Energía y Minas presentada a la Asamblea Nacional en enero del año 2012”.
La responsabilidad por los daños ambientales no sólo alcanza a los funcionarios de Pdvsa, sino que la misma es extensible, en grado de corresponsabilidad, a funcionarios de otros organismo encargados del Control Ambiental, como lo serían los del Ministerio del Ambiente, según lo que establece la Ley Orgánica del Ambiente en su Artículo 125: “Los funcionarios públicos responsables del Control Ambiental, responderán civil, penal y administrativamente por los hechos u omisiones realizadas en el ejercicio de sus funciones”
Ríos explica que a pesar de que, a un año, del siniestro en Amuay las autoridades correspondientes no han dado a conocer el resultado de las experticias realizadas en campo para determinar el impacto ambiental producido por la emanación de gases tóxicos a la atmósfera como, el propano y butano, además de las sustancias químicas derramadas en los suelos, basta con recorrer el lugar del incidente dentro de la refinería y en las zonas aledañas a la misma para evidenciar que sí hay un significativo daño ambiental.
Fundehama organización que predica la vivencia en armonía con el medio ambiente asegura que de aplicarse la ley el ministro Ramírez y demás funcionarios de Pdvsa podrían recibir 10 años de cárcel por daños ambientales. “el nivel o magnitud de dicho daño al ambiente determinará la tipificación del delito cometido y la sanción o sanciones correspondientes conforme a lo establece la Ley Penal del Ambiente”, indicó.
