El nuevo presidente de Paraguay, Federico Franco, pidió a Sudamérica «comprender» la situación política de su país, asegurando que el estado de derecho tiene plena vigencia, y dijo que espera que no sean aplicadas sanciones en su contra.
Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) alertaron sobre un quiebre de la institucionalidad en Paraguay tras la destitución el viernes del izquierdista presidente Fernando Lugo por el Congreso en un rápido y polémico juicio político por mal desempeño.
«Puedan llevar la información a los medios de que en el Paraguay no hubo en ningún momento ni quiebre ni golpe sino simplemente un cambio de mando ajustado a la Constitución y las leyes», dijo Franco en el Palacio de López, la sede del Gobierno de Paraguay.
En la noche del viernes, Franco, un médico de 49 años del centroderechista Partido Liberal que ocupaba la vicepresidencia, asumió la jefatura del Estado. El sábado, en su primer día de gestión, comenzó a organizar su gabinete y dirigió un mensaje a los medios extranjeros.
«Vamos a organizar la casa (…) Vamos a tomar contacto con países vecinos en su debido momento y estoy seguro de que van a comprender la situación de Paraguay», explicó.
Franco dijo que los nuevos ministros jurarán el lunes. En tanto, Lugo, quien se encuentra desde el viernes en su residencia particular, recibió por teléfono llamados de solidaridad de presidentes de la región, dijo el senador y allegado al ex mandatario José Alberto Grillón.
Mirando a Brasil
Franco agregó que «nuestro (designado) canciller tiene indicaciones de tomar contacto con su par de Brasil y con la presidenta Dilma (Rousseff). Abrigamos el deseo de que las relaciones con Brasil sean armónicas».
La relación con Brasil es estratégica para Paraguay, el cuarto mayor exportador mundial de soja, debido a la gigantesca represa común de Itaipú, y un abultado flujo comercial. Además, unos 100.000 brasileños viven y trabajan en Paraguay, donde poseen haciendas y grandes comercios.
La presidenta de Argentina, otro país clave para Paraguay, con el que construyó la represa común Yacyretá y en el que vive cerca de un millón de paraguayos, dijo que consideraba un golpe de Estado lo que había ocurrido en Asunción.
El país amaneció en total calma el sábado. Las tiendas abrieron normalmente y pocos policías patrullaban las calles de la capital.
Franco dijo que no cree que los países sudamericanos dispongan sanciones comerciales a Paraguay por considerar que la nación se apartó de la institucionalidad, aunque dijo que en caso de que esas sanciones ocurran los más afectados serían empresarios brasileños.
«No creo que el Brasil tenga que aplicar ninguna sanción comercial. Creo que los más afectados sin lugar a dudas van a ser los empresarios brasileños. Hay muchas inversiones de ciudadanos brasileños», dijo el mandatario, quien garantizó la seguridad y los bienes de los brasileños en el país.
A los cuestionamientos regionales por el expeditivo proceso que terminó con la presidencia de Lugo se sumaron México y Perú, cuyos gobiernos hicieron señalamientos acerca de la falta de un espacio adecuado para que el ex mandatario se defendiera y el retroceso institucional que implicó para el país su destitución.
El Gobierno mexicano reconoció el sábado la legalidad del juicio político, pero dijo que el «procedimiento no otorgó al ex presidente Lugo los espacios y tiempos para la debida defensa, como lo requería la trascendencia de la decisión que condujo a la remoción de su cargo».
Unasur y el bloque Mercosur, que Paraguay integra junto a Argentina, Brasil y Uruguay, tiene cláusulas democráticas.
