Ante el anuncio de Nicolás Maduro de declarar la “emergencia” nacional en la lucha contra la corrupción, el Dr. Jorge Rosell, ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y profesor universitario, considera que el problema no es de leyes nuevas, ni de reformas.
La ley contra la corrupción era la antigua ley de salvaguarda del patrimonio público, la cual ha sido modificada varias veces.
El problema es de implementación de la ley, dice. La corrupción sigue igual y aumenta. Es lo que se ha llamado la función simbólica de la ley; es decir, sirve de medio de comunicación entre el poder público y la población, como diciéndole: “ya vamos para allá”.
En otras palabras, existe el problema y sale el gobierno diciendo, vamos a solucionarlo con una nueva ley.
Pero, no hay en realidad, la intención política. ¿Van a venir a hablar después de casi quince años de gobierno de una lucha contra la corrupción? Además, después de tantos años de haber sido hecha la ley, ¿van a ver si una nueva funcionará? El asunto no está ahi.
Ahora, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿Cómo va a combatir la corrupción un Poder Judicial corrupto como es el que tenemos? Eso lo puede afirmar.
Además, tenemos un Ministerio Público que no funciona.
Insisto en que el problema no es de leyes, sino en hacer cumplir la normativa correspondiente.
Es importante señalar que la ley tiene una función instrumental, en el sentido de que va a generar un cambio en la sociedad, va a provocar una determinada conducta. Las leyes de sentido simbólico no hacen eso, sino que es una simple comunicación entre el poder y la población, como diciendo que se está haciendo algo. Pero, en realidad no tendrá ningún efecto.
-Esa práctica utilizada por Hugo Chávez y que pretende continuar Nicolás Maduro, de legislar en vez que lo haga la Asamblea Nacional, ¿no es una demostración de que existe un gobierno autoritario y que se pretende una habilitante para reformar o producir una nueva ley contra la corrupción?
-Evidentemente. Desde el punto de vista formal, también tenemos un problema. ¿Cómo va a reformar el Ejecutivo Nacional una ley de carácter penal cuando esa es función legislativa? Esa función no puede ser delegada en absoluto al Ejecutivo.
Las leyes de carácter penal son de la reserva legal del Poder Legislativo, sin posibilidad ninguna de delegar en otro poder.
-Pero, ¿ya no es costumbre violentar la Constitución y que se le dé cualquier interpretación?
-Se la brincan. Chávez publicó la ley del Trabajo después que le dieron una habilitante.
En este país, prácticamente, la legalidad, la legitimidad y la institucionalidad se la lleva esa actitud totalmente arbitraria del Ejecutivo. Y ya vemos que a la Constitución se le da la interpretación que mejor les parece.
