Hasta el mediodía de ayer ya habían sido atendidos más de un centenar de privados de libertad, dejando en menos de 400 a los detenidos del estado Lara cuyos casos aún deben ser revisados por los funcionarios que laboran en el Plan Cayapa, en el marco del cual se efectuó ayer un operativo especial en el antiguo cuartel Jacinto Lara en el centro de Barquisimeto con fuerte presencia de efectivos de la Policía estadal y del Ministerio Público. Tres horas antes habían comenzado a partir de la comandancia de Polilara en la calle 30, autobuses llenos de privados de libertad con destino al mencionado lugar, para lo cual se procedió a cerrar el paso de vehículos por la calle 30, desde la avenida Venezuela y hasta la carrera 29, con el fin de acelerar su traslado.
No fue sino hasta las 2:00 de la tarde que la ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, concedió una rueda de prensa, a pesar de haber arribado al cuartel a las 11:00 de la mañana. En su encuentro con los medios, la vocera ministerial señaló que con esta iniciativa se cumplía con la cayapa judicial para las distintas comisarías en la entidad, la cual se había anunciado para ayer 10 de agosto. Asímismo declaró que Henri Falcón, gobernador de Lara, estaba difundiendo rumores y falsas informaciones sobre un benefeciario del Plan Cayapa que habría estado involucrado en la reciente muerte de un efectivo policial. “Eso es falso. El involucrado en ese hecho fue un menor de edad, y el Plan Cayapa no abarca a menores”, dijo, para luego denunciar que un joven había recibido una fuerte golpiza en el Centro Socioeducativo Pablo Herrera Campins, de El Manzano, el cual administra el Servicio de Atención Integral al Niño, Niña y al Adolescente (Saina). “El gobierno regional no cumple con asistir a los jóvenes bajo su potestad, y agarra al Plan Cayapa como blanco de ataques para mentir”, enfatizó, a la vez que aprovechó para mostrar tres armas de fabricación rudimentaria, entre ellas una pistola y un escopetín, como prueba del avance del Plan Desarme en conjunto con los colectivos de jóvenes de la calles conformados en su momento por el exgobernador Luis Reyes Reyes, quien estuvo presente en la rueda de prensa. “Estos jóvenes ahora son profesionales y ayudan a otros muchachos en sus comunidades en el estado Lara. Nos interesa el desarme de toda la población venezolana”, comentó, añadiendo que el ministerio seguirá brindando apoyo a las labores del mayor general Luis Alfonso Bohórquez, candidato a la alcaldía del municipio Iribarren por el Partido Socialista Unido de Venezuela, quien igualmente estuvo presente en el cuartel Jacinto Lara. Por otra parte, Varela informó que el próximo 15 de agosto se entregará el área de mínima seguridad del nuevo recinto penitenciario que se está habilitando en Uribana. Con respecto a esto, la ministra acotó que en la antigua cárcel de Uribana, las diferentes empresas contratistas que laboran allí, realizan iniciativas de responsabilidad social para involucrar a los colectivos de jóvenes de Reyes Reyes, los privados de libertad y a miembros de la colectividad en procesos productivos como la cría de cerdos y pollos. Además, confirmó que se prepara un video para presentar próximamente el nuevo régimen penitenciario. Varela igualmente recordó que desde la revisión del Código Procesal Penal, los detenidos por delitos como homicidio y violación, deben haber cumplido al menos con el 75% de la pena para optar a un primer beneficio. Consultada sobre el hacinamiento en los calabozos de Polirara y la situación de riesgo de los efectivos policiales que están detenidos allí, reiteró que son completa responsabilidad de Henri Falcón.
Familiares
A las afueras del cuartel Jacinto Lara, se encontraban muchos familiares de los detenidos, entre ellos Daylé Pérez, madre de un estudiante y trabajador de la hidrotextil del estado Lara, Betilde Antonio Canelón Pérez (24), quien, aseguró, sufrió atropellos por parte de autoridades policiales y del CICPC que le sembraron droga para privarlo de libertad. “Lo busqué por todas las comisarías. El iba llegando de la UPEL, donde estudia, a nuestra casa en La Sábila, cuando lo detuvieron a la 1:00 de la tarde del viernes de la semana pasada. Me llamaron de los tribunales y me enteré que a mi muchacho lo tenían en la comandancia de Polilara en la 30 y por eso estamos hoy aquí”, expresó. También se manifestaron parientes de los más de 50 efectivos de Polilara, la mayoría de los cuales permanecían hasta ayer detenidos en los calabozos de la 30, para exigir garantías de que no sean trasladados a penales, por temor a que los agredan los otros internos. “Sólo le pedimos a la ministra que tome en cuenta la seguridad e integridad física y que se designe un sitio, donde no deban compartir espacio con el resto de la población penal. Nos aseguraron que dos de nuestros voceros podrían hablar hoy con la ministra”, señaló Dayexa Torres, hermana de un efectivo detenido.
