Con la aprobación por decreto de más de cincuenta leyes en 18 meses, en virtud de unos poderes especiales, el presidente venezolano Hugo Chávez opacó el retorno de los opositores al Parlamento y profundizó su revolución socialista, estimaron analistas.
En enero de 2011, la oposición rompió un lustro de ausencia parlamentaria ocupando 40% de los escaños en la Asamblea Nacional, pero su efecto se vio reducido de antemano debido a que la Legislatura saliente, casi exclulsivamente oficialista, autorizó a Chávez a legislar por decreto en múltiples áreas.
Desde entonces y hasta el domingo pasado, por el Ejecutivo pasaron 54 decretos-leyes –19 de ellos reformas–, mientras que el Legislativo, con la mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, en el poder), aprobó unas 23, según su sitio web.
«Hizo prácticamente imposible que la oposición tuviese alguna iniciativa legislativa, bien porque eran bloqueadas por ser minoría en escaños o bien porque los temas en los que la oposición pretendía legislar fueron tomados por el Ejecutivo», dijo a la AFP el politólogo Ángel Álvarez.
«La Asamblea Nacional se convirtió de facto en un órgano de segunda categoria y se concentró todo el poder en manos de la presidencia», agregó.
Aunque originalmente la llamada ‘ley habilitante’ fue otorgada a Chávez para atender una emergencia de lluvias, las atribuciones presidenciales abarcaron los ámbitos de infraestructura, transporte y servicios; vivienda, financiero, seguridad ciudadana y jurídica, defensa y cooperación internacional.
Con esos poderes, el mandatario dictó sin debate una polémica ley del Trabajo y decretos no menos controversiales para fijar los precios de todos los productos, dar más protagonismo en las Fuerzas Armadas a unas milicias que dependen directamente del Ejecutivo, y reformar el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
También aprobó la nacionalización de la industria del oro, la creación de programas sociales para madres y ancianos, y un decreto que le permite ordenar operaciones de crédito público por encima del máximo autorizado en la ley de endeudamiento, a cuatro meses de las elecciones presidenciales en las que aspira a un tercer periodo consecutivo de seis años.
«El uso demuestra que el objetivo por el cual se otorgó la ley habilitante no era más que una excusa para concentrar poder», señaló el abogado constitucionalista Enrique Sánchez Falcón.
Sin embargo, el vicepresidente Elías Jaua defendió el nuevo marco legal asegurando que sirve «para que nuestro pueblo salga de la miseria, de la pobreza, para que tenga trabajo, vivienda, salud, alimentación».
«No hay ninguna legislación que le haya restado competencias al resto de los poderes públicos y que haya violado la Constitución», afirmó.
Los expertos señalan que muchos de esos instrumentos tienen carácter orgánico, por lo que habrían requerido del visto bueno de la oposición para ser aprobados si se hubiesen debatido en la Asamblea Nacional.
El PSUV y sus aliados ocupan 95 escaños, pero la Constitución venezolana establece que las leyes orgánicas deben ser aprobadas por dos tercios del Legislativo, es decir 110 votos.
La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) cuenta con 67 diputados y tres disidentes del oficialismo completan el listado.
Chávez «abusó de esas potestades para dictar leyes respecto a las cuales no quería que se discutiera» abiertamente, dijo a la AFP Sánchez Falcón, académico de la Universidad Central de Venezuela.
Además, muchas de las nuevas normas fortalecen el papel del Estado y respaldan lo que el gobierno llama «la transición al socialismo».
Entre los nuevos decretos, destaca una ley para transferir a empresas comunales la administración de bienes públicos como escuelas o ambulatorios, y otra para incrementar el control central en los bienes de gobernaciones y alcaldías.
«Si el gobierno asume la función legislativa durante tanto tiempo y dicta leyes en muchas direcciones, la sociedad puede preguntarse entonces para qué sirve tener una Asamblea Nacional», inquirió la ONG Monitor Legislativo.
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