La apertura de una investigación sobre las confesiones del ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte, solicitaron representantes de las ong Fundación para el Debido Proceso (Fundepro) y Justicia y Proceso Venezuela, al Ministerio Público.
Específicamente se refirieron a las confesiones públicas del juez, que hizo desde los Estados Unidos, en las que se refiere a las irregularidades en las que aseguró haber accionado para forjar expedientes de presos políticos con el fin de condenarlos o privarlos de libertad.
«El se hizo responsable de haber violado los derechos humanos de varios presos político, expresamente en contra de los ex comisarios y PM condenados por los hechos del 11 de abril, del diputado José Sánchez «Mazuco». Pero también trajimos otros casos en los que él (Aponte Aponte) participó pero no mencionó en esa entrevista, tal como lo son los de los hermanos Guevara, condenados por el caso Anderson; el diputado Biaggio Pillieri y el maestro técnico César Medina Gómez (militar de Plaza Altamira)», explicó la abogada Theresly Malavé, directora de Justicia y Proceso y defensora de algunos de los señalados.
La denuncia ocurre unas semanas después de que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, desestimara las declaraciones del ex funcionario militar, y afirmara que no pueden tomarse como noticia criminis para abrir una investigación de oficio. Según la funcionaria del Poder Moral, para investigar el propio Aponte tendría que venir al país a formular personalmente la denuncia.
Malavé condenó estas expresiones al afirmar que el artículo 283 de Código Orgánico Procesal Penal establece que cuando el Ministerio Público tenga conocimiento «por cualquier medio» de un un hecho punible, debe accionar. Sin embargo, en este caso privaron los criterio políticos, consideró la jurista.
«No le importó quedar en evidencia frente a todos los venezolanos que sabemos que ella sí sabe que tenía el deber de investigar», aseguró.
La misma norma penal también prevée una segunda forma de abrir un expediente.
«Si ella no quiso a motus propio, nosotros lo estamos denunciando y estamos facultados para ello como víctimas»,recalcó Malavé.
En este sentido, consignaron ante el MP documentos que sustentan la acusación contra el ex magistrado por los delitos de abuso de poder, agavillamiento, asociación para delinquir, violaciones graves a los pactos y convenios internacionales suscritos por la República.
Tortura sistemática contra Simonóvis
La coalición de organizaciones defensoras de los derechos humanos en el país, Foro Por la Vida, emitió un comunicado en el que reiteran el llamado a las autoridades a que cumpla con la ley y se otorgue libertad condicional al ex comisario Iván Simonóvis por razones humanitarias.
Esta solicitud se encuentra fundamente en el artículo 502 del Código Orgánico Procesal Penal y fue interpuesta ente el Juzgado 1° de Ejecución del estado Aragua, «con base en el delicado estado de salud y las gravísimas condiciones de reclusión que ha padecido el comisario Simonovis, con graves consecuencias en su integridad personal».
Las ong’s advierten que el trato y la omisión de la que ha sido víctima el preso político, y que ha sido «sistematizada», pudiera calificarse «como delitos de tortura, el cual es de carácter imprescriptible, tal como lo establece el Estatuto de la Corte Penal Internacional en los artículos 5 y 7».
Según ello, «la protección de la integridad personal pertenece al núcleo inderogable que no puede ser suspendido ni suprimido jamás, cualquiera sea la circunstancia en que se encuentre un Estado».
Foto: William Toledo
