Más allá de las responsabilidades legales que se puedan comprobar tiene un directivo de un medio de comunicación en una situación irregular que le involucre personalmente, en el marco de la libertad de expresión debería garantizarse el normal funcionamiento del medio de comunicación que representa, de forma independiente al proceso.
Así lo considera Aura Rosa Matheus, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas seccional Lara, a quien le preocupa las consecuencias que pueden tener los procedimientos legales abiertos contra directivos en las empresas comunicacionales, así como las fuentes de trabajo que estas generan.
La congelación de las cuentas de Miguel Henrique Otero, presidente-editor del diario El Nacional, por una demanda que en su contra hiciera el exalcalde metropolitano, Alfredo Peña, quien asegura que el primero le debe 3,5 millones de dólares, fue el motivo del pronunciamiento de la dirigente gremial.
El hecho se produce días después de la apertura de una investigación contra Leocenis García, presidente del Grupo Sexto Poder, por la presunta comisión de delitos de defraudación tributaria, evasión fiscal y legitimación de capitales; la cual habría incidido en el “cierre técnico” del semanario 6to Poder, como lo ha expresado García.
Matheus teme que por razones políticas las investigaciones contra los empresarios se extiendan al trabajo de los medios, considera que quienes impulsan las acciones no ven que afectan a muchos trabajadores y a quienes se benefician con el trabajo de los medios de comunicación.
“Esta situación debe parar, porque si esto va a continuar así, terminarán con todo ¿De verdad la parte política acabará con la libertad de expresión?”, comentó.
Ya el Colegio Nacional de Periodistas ha expresado públicamente en un comunicado escrito su rechazo al cierre del semanario 6to Poder por la vía indirecta, “mediante presiones fiscales, económicas o judiciales, lo cual socava la libertad de expresión e información en el país”.
En una declaración al portal web de El Nacional, Otero calificó la decisión como “un nuevo atropello a la libertad de expresión”, e indicó desconocer el contenido del expediente en su contra.
El directivo criticó la política seguida por el Gobierno nacional con los medios de comunicación, la cual describió como “una línea sistemática para llegar a la hegemonía comunicacional”, a través del cierre y la generación de autocensura de medios, con acciones como el acoso a periodistas.
