Consultado sobre el impacto que podría tener la nueva Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Denigrantes, la cual fue sancionada por la Asamblea Nacional el pasado 4 de junio y publicada en la Gaceta Oficial Nº 40.212 este lunes 22 de julio, Rafael Narváez, abogado, exdiputado e incansable luchador por los derechos humanos, señaló:
“Es un avance. Sin embargo, estamos llenos de leyes, y el contenido de esta nueva norma ya está plasmado en las convenciones internacionales como el Pacto Interregional de Derechos Humanos, pero en Venezuela se ha hecho caso omiso a eso, a pesar de que los pactos internacionales que ha suscrito el Estado son de carácter obligatorio y varios de ellos ya condenaban los delitos que se cometen en el país en materia de derechos humanos.
Además, son tratados supraconstitucionales, es decir, están por encima de nuestra Carta Magna. Por tal motivo, no había que crear la nueva ley para asumir lo que pasó en el estado Lara a raíz de las protestas del 15 y 16 de abril en Barquisimeto, donde hubo maltrato cruel e inhumano, e incluso tortura.
Yo he atendido a una víctima de esos hechos que fue torturada con electricidad, así como otras muchachas que fueron arrastradas en el Destacamento 47 de la Guardia Nacional Bolivariana. Esto es algo público y notorio”.
Por otra parte, Narváez aplaudió la aprobación de la nueva ley, a la cual, añadió, deberá hacersele un seguimiento vigilante y asumirla con observancia, pues el Estado viene ignorando, desde hace tiempo, el contenido de este tipo de normativas. A este respecto, hizo hincapié en el caso del sistema penitenciario venezolano:
“Es obligación del Estado rehabilitar a los reclusos. No obstante, hay hacinamiento, porque hay 50 mil privados de libertad recluidos en 33 centros penitenciarios, de quienes muy pocos han recibido sentencia firme, porque hay un retraso procesal.
Hay una mora en cuanto a la justicia, así como un maltrato que asume el Estado, violando los derechos a justicia rápida, presentación expedita ante los tribunales, además de las condiciones ambientales en las que se encuentran los reos, por las cuales reclaman para poder vivir como seres humanos”.
El abogado aclaró que el trato cruel puede darse cuando el Estado descarga toda la fuerza pública, maltratando a la población, pero también ocurre que el Estado se dirige a sus ciudadanos con un verbo encendido.
“La ley estipula que cualquier persona tiene derecho a protestar y manifestarse, a exigir justicia a tiempo y a que sus derechos sean respetados cuando está privado de libertad.
Esto abarca no sólo el maltrato físico, sino también el psicológico. Algo como quitarle a alguien la cédula de identidad, que es un documento intransferible, puede considerarse un abuso a los derechos humanos”, aseveró, agregando que cuando ocurre un delito en caliente, el funcionario debe detener a quien lo ha cometido, sin tratos violentos, y leerle sus derechos, para luego ponerlo, en un máximo de 48 horas y de manera preventiva, en manos de un fiscal del Ministerio Público.
“Pero la realidad es que hay un ensañamiento por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, que no aplican límites a su conducta”, dijo.
Retomando el tema de la nueva ley, Narváez advirtió que el Poder Judicial está politizado, lo cual le hace mucho daño al país.
“El Estado no otorga la verdadera independencia y autonomía que establece nuestra Carta Magna, como el principal marco jurídico que debe regular la conducta de todos los venezolanos. Por ejemplo, estoy de acuerdo con que haya una ley que estipule la creación de una comisión de la verdad para investigar los homicidios entre los años 60 y 80, pero también deberían hacer lo mismo para los asesinatos que han ocurrido hasta nuestros días.
Esto es lamentable, porque es como decir que realmente hay un Estado humanitario, cuando aquí los derechos humanos no existen y son violados sistemáticamente, no hay derecho a la defensa, ni al debido proceso, y el 98% de los crímenes quedan impunes.Lamentablemente el Estado ha politizado la justicia. Se quiere tapar lo que ha pasado en Venezuela, porque nunca se ha permitido que una comisión ad hoc del Sistema Interamericano sea observante de lo que ocurre en el país. Sin embargo, el gobierno nacional afirma ser humanista.
En consecuencia, considero que la nueva ley tiene un tinte político”, afirmó.
