En la sede de la Conferencia Episcopal Casa Ibarra en Caracas, se desarrolló el encuentro organizaciones sociales, sindicales y derechos humanos bajo el temario La exigibilidad de derechos humanos en Venezuela: una mirada desde la experiencia, bajo la organización de Provea y la asistencia de más de dos decenas de organizaciones nacionales, señaló Carlos Eduardo López, presidente de la Fototeca de Barquisimeto.
El temario repasó precisas áreas del acontecer nacional.
La salud laboral como problema histórico y público fue presentado a través de la experiencia de la organización social Ovallera de Maracay, la cual desde hace 20 años de ocurrido el hecho de contaminación química en el Hospital José María Vargas de Maracay, con varias decenas de muertos y una secuela de lesionados de por vida, según Elsa Torres, víctima directa que a sus 50 años de edad, sus órganos (higado, corazón, riñones, etc) aparentan los de una persona de 85 años productos del trauma químico, aun no tiene respuesta.
El Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara -Covicil- presentó el tema de la exigibilidad de los derechos humanos y tomó como ejemplo el asesinato de Jacinto Elías López Velasco).
El dirigente sindical Carlos Patiño expuso la grave situación de acoso, persecución y agresiones sufridas desde Sintrainces, ante la amenaza de eliminar el Inces: «La universidad de los pobres», como fue calificada en algún momento no de manera peyorativa como pudiese pensarse en el actual panorama político nacional, puesto que un buen artesano de cualquier especialidad como la herrería,la carpintería,la electricidad, entre otros muchos que formaba el Ince ahora Inces, era un técnico adiestrado con excelentes capacidades técnicas pero hora pretende ser eliminado y transferido a las comunas.
Otros aportes
Una experiencia de seguridad social expuesta por el abogado Antonio Puppio, conocido como el Caso Gulino, fue seguido por intervenciones de dirigentes sindicales de Viasa, donde más de 12 mil trabajadores resultaron afectados y a través de la lucha lograron importantes reivindicaciones.
Los trabajadores de Guayana denunciaron el acoso a que son sometidos por la corruptela que campea: el paralelismo sindical aupado desde el Estado creando sindicato que responden al patrono; no a intereses de los trabajadores y son sometidos a persecución.
El dirigente petrolero Frank Luna, denunció la grave crisis por la cual atraviesa la industria petrolera.
Señaló que recientemente ocurrió un grave accidente en la Refinería de Amuay, luego del fatal siniestro, ante la inminente explosión de un contenedor de flexicoquer, fue abierta una válvula de emergencia y arrojando al aire la mortal substancia, la cual ocasionó una grave contaminación en un importante sector de la Península de Paraguaná, silenciado por la empresa.
En la tarde Rafael Uzcátegui, dirigente de Provea, realizó una exposición sobre la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y el finaciamiento al terrorismo, redactada bajo normas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, luego de los sucesos del 11 de septiembre. Organismo del cual el gobierno despotrica.
Esta Ley criminaliza la protesta; busca el aislamiento social como forma de enfrentar el creciente descontento popular, nos califica de fascistas y escuálidos y otros improperios a quienes disentimos de las políticas oficiales.
Pretende deshumanizar al contrario calificándolo de apátrida, opositor y por ende deslegitimar la legalidad de la protesta.
Las organizaciones presentes acordaron enfrentar desde sus respectivos espacios una lucha desde ahora unificada de todos los sectores nacionales que exigen responsabilidad y garantías constitucionales ante los desmanes del gobierno.
