Desde el año 2005, representantes de la alternativa democrática han recopilado innumerables hechos de corrupción dentro del seno de los entes y funcionarios de jerarquía del Gobierno Nacional, sin embargo, las reiteradas denuncias y peticiones de investigación no han sido tomadas en cuenta.
Ante esta situación, el diputado ante la Asamblea Nacional, Guillermo Palacios, recordó que se han venido acumulando las denuncias sin que el Gobierno demuestre verdaderamente la supuesta “lucha contra la corrupción”, que sólo es investigada cuando se trata de un representante de la oposición.
“»La Fiscal General de la República se hace de la vista gorda por todos los hechos corruptos y delictivos que han cometido los altos funcionarios del régimen revolucionario. La impunidad que envuelve a los casos de corrupción refleja que el sistema de justicia está politizado, corrompido, ineficiente. Lo que lo que hay aquí es una persecución política contra la disidencia».
Entre las denuncias formuladas, Palacios recordó la investigación solicitada a la empresa Enmohca por presuntas irregularidades, entre ellas trasladar equipos de perforación de pozos de esta empresa del Estado a una granja privada ubicada en el municipio Torres del Estado Lara. Así como también el otorgamiento de contratos por vía de declaratoria de emergencia, a empresas sin el debido proceso de licitación en obras pertenecientes la gestión del gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes.
«Esta irregularidad fue denunciada en la Fiscalía del Ministerio Público en el mismo año 2005, pero hasta la fecha no ha habido pronunciamiento al respecto, razón por la cual pedimos que se continúe esta investigación y se le pida al Ministerio Publico agilizar la investigación».
Además recordó las denuncias dirigidas a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional contra el para el entonces presidente del parlamento y actual Presidente de la República, Nicolás Maduro, con supuestos actos de corrupción que se encuentran en los archivos de la Fiscalía General de la República desde hace siete años.
«En el año 2005, la Asamblea Nacional celebró un contrato con la Inmobiliaria Triani, para arrendar el edificio ‘Pas de Calais’, ubicado en Caracas. Este edificio fue alquilado sin justificación alguna. El edificio no se ocupó pero el arrendamiento fue pagado íntegramente, con unos cánones que ascendieron a un total de 250 millones de bolívares, repartidos en pagos mensuales de 25 millones de bolívares más 5 millones por concepto de mantenimiento y servicios.
“No hay una disposición para acabar con la corrupción, se está desangrando al país con medidas populosas que no benefician al pueblo”.
Recordó que se han habrían solicitado más de 70 antejuicios de mérito ante la Fiscalía General de la República para investigar hechos de corrupción del presidente Hugo Chávez y ninguno fue aceptado.
