El Ejército Popular de Liberación, la tercera guerrilla colombiana, tiene interés de negociar la paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, aseguró el líder rebelde más visible de esa organización y convertido en el insurgente más buscado a la fecha por las autoridades.
Víctor Ramón Navarro, de 37 años, y conocido como Megateo, es señalado por organismos de inteligencia como el instigador de las protestas que llevan más de un mes en el Catatumbo, una vasta región de siete municipios al noreste de país.
En una entrevista divulgada el domingo por la revista Semana, el comandante del frente Libardo Toro del EPL negó toda participación en las marchas de miles de campesinos que han dejado cuatro muertos y decenas de heridos. Los manifestantes exigen, entre otras cosas, que el gobierno detenga los planes de destrucción de cultivos de coca.
«No estamos liderando esto con esos campesinos. Ellos están allá por sus propias necesidades y no necesitamos infiltrarlos», señaló Navarro, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares para darle captura.
Al pedírsele una opinión sobre el proceso de paz que el gobierno colombiano adelanta con la guerrilla de las FARC desde finales de 2012, Navarro lo consideró «necesario», pero pidió que el estado atienda la petición del EPL para conversar. «Nosotros como EPL también tenemos voluntad de una mesa de diálogo… Hemos mandado dos peticiones al gobierno y éste no le ha parado bolas (o no ha prestado atención). Hemos propuesto cese de hostilidades y no han querido».
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla colombiana, también manifestó interés de dialogar con el gobierno. No obstante, el presidente Juan Manuel Santos no ha informado de ningún acercamiento oficial con esta organización y, mucho menos, con el EPL.
Alias Megateo, al frente de un grupo de unos 40 hombres, reconoció que su organización se lucra del secuestro, la extorsión y del pago obligado que hacen los campesinos por kilo de coca que producen.
«Aquí cobramos un impuesto por la droga. Es la manera de financiar la guerra. Cobramos 400 mil pesos por kilo de coca, pero no somos los que recogemos (la droga) ni los dueños de las cocinas (laboratorios) de procesamiento», detalló Navarro, cuyo comando insurgente comparte con las FARC y el ELN el dominio territorial del Catatumbo.
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