«¡Yo pido justicia!», clamó el gobernador del estado, Henri Falcón, al concluir su rueda de prensa de ayer, en la cual anunció que hoy (viernes) los abogados del Ejecutivo Regional introducirán en el Tribunal Supremo de Justicia la solicitud de un juez imparcial para que conozca todos los asuntos relacionados con su gestión y la recusación a la abogada Marilyn Quiñones Bastidas, titular del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental.
Aunque afirmó que todavía no ha recibido notificación oficial de la decisión tomada por esa funcionaria, quien ordenó la suspensión de sus cargos, sin goce de sueldo, a Erick Pérez, jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto; Ana Luisa Angulo, consultora jurídica del Ejecutivo Regional y Nelson Mujica, director de la Imprenta del Estado, acata la medida.
«Nosotros vamos a dar cumplimiento al mandato del tribunal», dijo y seguidamente informó que ya había designado a Carlos Rivero, jefe de Planificación y Presupuesto; Malú Cerezo, consultora jurídica y Johana Lecuna, directora de la Imprenta, personas éstas que estuvieron a su derecha durante su reunión con los periodistas. A su izquierda estaban sentados sus abogados.
Al tiempo que mostraba leyes y documentos fue analizando los motivos por los cuales hará la recusación contra Marilyn Quiñones Bastidas ante la Corte Disciplinaria de Jueces.
Al respecto aseveró que la funcionaria ha mostrado una conducta parcializada en todas sus actuaciones y, como consecuencia, usurpó funciones del Tribunal Supremo de Justicia, por cuanto cuando hay conflicto entre dos poderes, la competencia le corresponde a la máxima instancia tribunalicia..
No sólo violó la propia ley que rigen los tribunales contenciosos administrativos, sino también la del Tribunal Supremo de Justicia y la Constitución de la República Bolivariana, de la cual recordó que él fue uno de los redactores cuando integró la Asamblea Constituyente y, por supuesto, firmantes.
Acusó a Quiñones Bastidas de recibir instrucciones del Partido Socialista Unido de Venezuela y específicamente del hijo de Luis Reyes Reyes, en alusión al diputado Luis Jonás Reyes.
En este sentido indicó que la funcionaria era muy diligente en todas las acusaciones que se hacían contra la gobernación; pero, jamás procedía a decidir cuando el Ejecutivo Regional introducía sus recursos.
Es por esos motivos que solicitará la designación de un juez imparcial que conozca de todos los casos de la gobernación.
Del mismo modo señaló que el Consejo Legislativo no elaboró ningún informe contra los funcionarios para pedir sus destituciones, ni mucho menos éstos fueron convocados para ser interpelados, violándose el principio constitucional del debido proceso.
«Estoy sujeto a lo que establezcan las leyes», expresó el mandatario.
Foto: Simón Orellana
