La Red de Instituciones Larenses… ¡en acción! – El conflicto universitario (II)

(…) En suma otra tragedia nacional, como si no tuviéramos tantas.
Se podría señalar que, en términos generales, un presupuesto universitario se clasifica en varios renglones económicos o partidas, tal como:
-Funcionamiento académico, que incluye funcionamiento de los distintos decanatos y/o núcleos universitarios, laboratorios, investigación, extensión, deporte, cultura, bibliotecas, tecnología de información, servicios comunitarios, becarios académicos, etc.
-Planta física, que incluye mantenimiento y conservación de las instalaciones universitarias, remodelación y ampliaciones, así como nuevas obras y proyectos, consecuencia del natural crecimiento demográfico del número de estudiantes y creación de nuevas carreras.
-Providencias estudiantiles, que incluye servicios médicos odontológicos, comedor, transporte y apoyo socioeconómico a los estudiantes que comprende preparaduría y ayudantías.
-Servicios generales, que incluye servicios básicos, vigilancia, áreas verdes y limpieza, servicio de telecomunicaciones, seguros, alquileres de inmuebles, mantenimiento, conservación y reparación de equipos y finalmente pero no menos importante:
-Gastos de personal, que incluye sueldos y salarios de profesores, administrativos y obreros, tanto fijos como contratados, jubilaciones y pensiones y todas las incidencias laborales que estos pagos generan.
Frente a esta inmensa cantidad de compromisos, nos preguntamos ¿Cuál universidad puede subsistir, sin menoscabo de sus funciones esenciales (docencia, investigación y extensión) con el mismo presupuesto asignado unilateralmente por el gobierno nacional durante los últimos siete años? Pudiera señalarse entonces que habrá muy pocos países en el mundo donde sus gobiernos castigan a sus universidades asfixiándolas hasta su total desaparición. Ése es el oscurantismo que se le pretende imponer a la casa que vence a las sombras.
Veamos rápidamente dos casos concretos, el de la UCV (Universidad Nacional Autónoma) y el de la UCLA (Universidad Regional Experimental, no autónoma).
En el caso de la UCV, a pesar de los estragos que ha hecho la inflación, el presupuesto aprobado por el gobierno ha sido el mismo en los últimos siete años, equivalentes a 1,2 millardos al año. Esto representa menos de la mitad de lo solicitado por las autoridades de esa casa de estudios.
En el caso de la UCLA se solicitó al gobierno nacional, en términos redondos 1,8 millardos de bolívares y se le aprobó 515 millones, apenas un 28% de lo solicitado.
En conjunto para todas las universidades en el año 2000 el ejecutivo otorgó el 7% del presupuesto nacional y para el 2011 ese monto se había reducido a 4%.
3-Desconocimiento de los legítimos representantes en el conflicto universitario y de la normativa laboral vigente.
En el caso de los profesores universitarios, existe como es sabido una federación nacional que los agrupa y vela por sus intereses. Esa es la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios, Fapuv, que agrupa a más de 40.000 docentes de 18 universidades del país y fue creada hace 42 años, la cual por cierto no ha sido invitada por el gobierno nacional para discutir tema alguno referente a las justas reivindicaciones salariales de sus asociados. Lo que hizo recientemente el ejecutivo fue, más que negociar, informar a sindicatos paralelos, creados por el gobierno mismo, sin elecciones algunas, que son todos ellos miembros del partido oficial, quienes entregaron al movimiento sindical universitario. Cabe destacar que esta seudo asociación bolivariana coloca en su página web el eslogan “impulsando el socialismo del siglo XXI”, atentando abiertamente contra la universalidad de ideas y el pluralismo democrático, previsto tanto en la constitución como en la Ley de Universidades.
En adición, es importante recordar que en el ámbito universitario ya existe una contratación colectiva impuesta por el mismo gobierno nacional, denominada Normas de Homologación, vigentes desde 1982, las cuales no fueron derogadas por la nueva Ley del Trabajo. Al contrario en su articulado, esta ley las deja a salvo y les da un rango prominente con relación a las disposiciones de la LOTT. Tampoco han sido derogadas por decisión del poder judicial. Por lo tanto están más vigentes que nunca, pero el ejecutivo nacional las desconoce (…)
Sólo falta reproducir una pequeña parte de esta acertada disertación del Econ. Gerardo Álvarez ¿Conclusión?