El director de Provea, Marino Alvarado, condenó la criminalización del ejercicio del derecho a la defensa que se puso de manifiesto con la privación de libertad y el juicio que se sigue contra el abogado José Amalio Graterol, aún detenido en el estado Vargas.
El representante de la organización de derechos humanos afirmó que el caso confirma las denuncias que se vienen formulando desde diversos sectores del país y del mundo y que cuestionan la imparcialidad del Poder Judicial venezolano.
«Lo que esta pasando con Graterol fue una demostración de que cada día se colocan más obstáculos para el ejercicio de la profesión independiente y crítica del Derecho en Venezuela. No solo tenemos un Poder Judicial que ya esta parcializado políticamente y que no garantiza la administración de justicia transparente, sino que ahora se pretende obstaculizar el trabajo de quienes ejercen el derecho a la defenesa de las personas», manifestó a El Impulso.
La Constitución establece que toda persona tiene derecho a tener un abogado de confianza, que éste puede entrevistarse en privado con su cliente en todo momento y que además puede ejercer todos los recursos a su alcances que le garantice la ley y la Constitución.
En contraste con la norma Alvarado consideró que el juicio contra el representante legal de María Afiuni se convierte en «un precedente muy negativo, que además refleja un nivel de totalitarismo en algunos jueces y la manera como pretenden administrar su responsabilidad».
Por otro lado, el defensor de derechos humanos invocó la fortaleza del gremio, que debe luchar por hacer que prevalezca la ley sobre la arbitrariedad y la intimidación.
«Yo creo que aquí el mensaje es que ningún abogado debe dejarse intimidar, debe hacer valer su derecho. Un abogado esta para defender a otros, con más razón debe comenzar por defenderse a sí mismo, y esto pasa por no intimidarse ante ninguna circunstancia», concluyó Marino Alvarado.
Foto: William Toledo
